C ada vez que se levanta viento de Poniente, tenemos que
atrancar las ventanas para que no caiga arena en la comida y
mi hijo de 20 años tiene asma”. Abderramán Layasi, residente
de la pedanía ceutí de Benzú desde hace 51 años, se queja
del arenisco que emite el tratamiento de áridos realizado en
la cantera explotada por la familia conocida como “Cariño” a
través de la empresa extractora Hoarce. “El ambiente está
cargado de partículas contaminantes”, comenta el presidente
de la asociación ecologista Septem Nostra, José Manuel
Rivero, y la mayoría de los vecinos de Benzú consultados
consideran que la escasa distancia entre la cantera y las
casas ponen en peligro su salud.
Rivero matiza que es el la labor de “machaqueo” y pulido de
la roca donde se encuentra el problema de emisión de
partículas contaminantes a la atmósfera. La empresa “no
cumple” con la legislación 34/2007, que determina una
distancia mínima de 2.000 metros entre una cantera y un
núcleo de población anexo.
El entendimiento entre residentes y empresarios es complejo,
ya que la loma de Benzú se explota desde hace más de 50
años, momento en que llegaban los primeros moradores de la
pedanía, atraídos por la abundante oferta de puestos de
trabajo para extraer y transportar los cantos rumbo al
Puerto de Ceuta, que estaba en construcción. A medida que el
núcleo de Benzú crecía, las casas que se construían se
acercaban cada vez más a la explotación pedriza.
Abderramán Layasi entiende que “aquí no había gente cuando
se comenzó a extraer piedras” y que las casas “se fueron
acercando a la loma” a medida que las tareas de extracción
demandaban mano de obra. Estas manos, que sacaban piedra y
mineral de las última estribaciones de la Sierra de
Bullones, encarada a las aguas del Estrecho y cercana a la
frontera con Marruecos, ya están viejas por el paso del
tiempo. Son las manos de los primeros llegados a la pedanía,
que ahora pasan la tarde tomando té en el café de Abdelkrim.
Sus hijos trabajan en el centro de la Ciudad, “porque en la
cantera ‘no curra’ nadie de la pedanía”, expresa Yussuf, de
67 años. “Pero tienen sus casas aquí”, agrega, “y tienen
hijos pequeños que tosen todo el día por respirar este
aire”. Este periódico tiene conocimiento de tres casos de
asma certificados por un médico y seis más sin certificar.
Política medioambiental
Para prevenir que los habitantes de una población no
respiren un aire cargado de partículas, la legislación
española introdujo un matiz en el ordenamiento jurídico de
este tipo de explotaciones: según la Ley 34/2007 sobre
Protección del Ambiente Atmosférico y Calidad del Aire,
ninguna explotación pedrera podrá estar a menos de 2.000
metros de un núcleo de población. Deja en manos de las
propias Comunidades y Ciudades Autónomas la ejecución de
estudios e informes que certifiquen problemas en la calidad
del aire y tramitará el cierre de instalaciones en caso de
que esta normativa no se respete. “En el caso de Ceuta es
difícil aplicar la legislación sobre distancia mínima a un
núcleo de población”, puesto que la Ciudad tiene dimensiones
muy reducidas y no hay sitio para todo”, matiza Rivero.
Desde Septem Nostra se comprende que la explotación de árido
“es necesaria” para conseguir materiales con los que
edificar. Además, consideran que el verdadero problema con
la baja calidad del aire “no se debe a las labores de
extracción”, sino a las de tratamiento de las piedras,
“porque se machacan las rocas a menos de 100 metros de la
población” y esa arenisca pulula sobre las casas de los
habitantes de Benzú.
Pero Rivero siente que no haya estudios ni informes sobre
este grado de contaminación. En realidad, nunca habían sido
necesarios, ya que Ceuta cuenta con un régimen de vientos
favorable para que el arenisco no llegue a la Ciudad, a unos
siete kilómetros de distancia hacia el nordeste, y la
Administración “no va a realizar ningún informe”, comenta
Rivero, porque a la cantera “le quedan dos telediarios”. El
presidente de Septem Nostra prevé que la materia prima en
esta explotación “acabará en un plazo máximo de cinco años”,
así que “mejor mirar hacia otro lado hasta la hora del
cierre”, apuntó José Manuel Rivero.
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La Ley exige que la empresa extractora recupere
la zona tras el cierre de la cantera
Además de marcar los niveles
límite de impacto ambiental de las canteras sobre el medio,
la Ley 34/2007 sobre Protección Ambiental y Calidad del Aire
dicta que la empresa fomente la conservación del medio.
Una vez la cantera se cierre, la empresa Hoarce está
obligada por Ley a limpiar la zona y a aplicar un plan de
restauración de este espacio natural según el Real Decreto
29/1982 aplicado a zonas de explotación minera.La empresa
ceutí ya ha preparado ese plan para acondicionar la
superficie del terreno una vez finalicen las tareas de
explotación. Así, la normativa dicta que deben alisarse y
tratarse las paredes escarpadas para evitar la erosión que
se produzca con el viento y la lluvia. Además, la empresa
debe costear un estudios de impacto ambiental.
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