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Las centrales sindicales CCOO y UGT presentarán en unos días
sendas demandas ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) para impugnar el acuerdo plenario de los
Presupuestos Generales de la Ciudad, ya que ambos sindicatos
coinciden en que la aprobación gracias a la mayoría de
concejales del PP es “ilegal” al no haber incluido en el
texto la oferta de empleo público de 2006, la cual salió
incluso publicada en el BOE. De ganar la demanda, los
Presupuestos quedarían anulados.
Juan Luis Aróstegui y Antonio Gil, secretarios generales de
las dos centrales sindicales mayoritarias en Ceuta, CCOO y
UGT, respectivamente, coincidieron ayer en su postura de
llevar al TSJA los Presupuestos de la Ciudad, lo que podría
provocar su anulación.
El secretario general de UGT Ceuta aprovechó para contestar
las palabras de Yolanda Bel, portavoz del Gobierno de la
Ciudad Autónoma, en las que calificaba de “poco coherente”
la postura dado el apoyo que habían tenido los Presupuestos
de la Asamblea. “Deberían haber sido atendidas estas
alegaciones y haber evitado la situación de la denuncia, ya
que el Partido Popular incumple totalmente su palabra,
porque se tiró el farol de sacar unas plazas que luego no
votó presupuestariamente”, explicó Gil, “por lo que se han
quedado sólo en el anuncio”.
Según dijo el secretario general de UGT, “no nos ha quedado
otra opción que denunciarlo”, ya que fue “un compromiso de
ellos”.
Por su parte, Aróstegui fue dialécticamente más duro al
asegurar que “los Presupuestos no cumplen los requisitos
legales que exige la normativa”. Para el secretario general
de CCOO, “los Presupuestos deben contemplar obligatoriamente
las partidas presupuestarias para hacer frente a todos los
compromisos y la oferta de empleo aprobada es uno de ellos”.
“El Gobierno es cada día más desconcertante en todos sus
movimientos y ha decidido plantear una batalla a los
sindicatos y esa indiferencia a los sindicatos ante unas
alegaciones razonables y legales no es más que un gesto de
prepotencia hacia las centrales sindicales, las cuales,
lógicamente, deberemos responder en su justa medida”, opinó
Aróstegui, para quien “no es normal que el Gobierno pase el
rodillo de su mayoría absoluta cuando los sindicatos
presentan unas alegaciones para corregir defectos legales;
por encima de los concejales está la Ley”.
De ganar la demanda, algo de lo que ambos dirigentes
sindicalistas dijeron estar seguros, el juez determinaría la
ilegalidad de los Presupuestos, que deberían aprobarse de
nuevo y hacer los ajustes entre las partidas que estuvieran
ejecutadas y las nuevas, “pero no supondría tampoco el
colapso del Ayuntamiento”, opinó Aróstegui.
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