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Desde que un asesor de Clinton le
gritara a un adversario político aquello de que “¡Es la
economía, imbécil!”, a ningún partido político se le escapa
que sus propuestas en materia económica juegan un papel
eminente en cualquier proceso electoral: ante una
equiparación ideológica cada vez más nivelada que deja muy
poco espacio para el debate, los electores nos hemos vuelto
materialistas y cada vez estamos más preocupados por quién
puede garantizar mejor nuestra subsistencia.
Durante las últimas semanas, especialmente tras conocerse el
pasado mes de diciembre los últimos datos relativos al
índice nacional de desempleo y la inflación anual registrada
(aún por confirmar) en 2007, el debate alrededor de la
coyuntura económica en la que se encuentra nuestro país al
término de la legislatura ha centrado buena parte de la
discusión política a todos los niveles.
El debate, que no tiene por qué ser negativo mientras
ninguna formación atice una crisis que todavía no existe por
motivos electoralistas o encubra sus verdaderas
prospecciones de futuro en este campo por esas mismas
razones, debería ser de especial calado en una ciudad como
Ceuta.
Este puede ser el mejor momento para que los electores
exijan al Partido Popular y al PSOE, que obviamente son los
dos únicos con posibilidades de gobernar el Estado durante
los próximos cuatro años, cuál es su propuesta en materia
económica para la ciudad autónoma, más necesitada que
ninguna otra región de un plan de desarrollo económico real
y viable. Ambos partidos y muy especialmente sus candidatos
al Congreso y al Senado tienen la obligación de concretar
cómo contribuirán a dicho desarrollo de llegar al Gobierno
de la nación el próximo mes de marzo y qué sectores
consideran que pueden ser más aprovechables por una ciudad
con las características tan peculiares de Ceuta. Eso ahora.
Después de los comicios, su obligación será velar porque su
adversario (o sus propios compañeros) cumplan lo prometido.
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OPINIÓN / EDITORIAL
