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El consejero de Fomento del Gobierno melillense, Rafael
Marín, volvió a plantear ayer la aspiración que sigue
manteniendo el Ejecutivo que preside Juan José Imbroda de
recuperar las competencias que en materia de Urbanismo le
fueron retiradas a las dos ciudades autónomas hace 7 años
con la llegada del GIL.
El Ejecutivo melillense volvió a poner ayer sobre la mesa la
que ha sido una de sus reivindicaciones continuas desde que,
en 2001, el controvertido Grupo Independiente Liberal (GIL)
fue desalojado del Gobierno de las dos ciudades autónomas:
la recuperación de las competencias urbanísticas que el
Estado retiró a las dos ciudades autónomas durante el
periodo (1999-2001) en el que ese partido permaneció al
frente de sus respectivas Asambleas a través de una
disposición de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos
Generales del Estado de 2000.
El consejero de Fomento melillense, Rafael Marín, recordó
ayer en declaraciones a Europa Press que “hace siete años
que el GIL ya no gobierna en Melilla” y argumentó que, por
lo tanto, “no existen motivos para mantener a las ciudades
autónomas sin una competencia que sí tienen, por el
contrario, el resto de autonomías”.
“La de las competencias de Urbanismo es una de las materias
por las que la Ciudad Autónoma ha mantenido un empeño
especial por recuperar en los últimos años”, recordó Marín,
que mostró su disposición a postergar una nueva negociación
al respecto con el Gobierno central hasta que se ratifiquen
los acuerdos pendientes con el Ministerio de Defensa para la
cesión de varios solares al Gobierno local.
Los Ejecutivos de Ceuta (que ha venido manteniendo esta
misma reivindicación bajo el argumento de que ello serviría
para “dotar de agilidad a las resoluciones en materia
urbanística y para favorecer la inversión y la construcción
de vivienda) y Melilla plantearon por última vez al Estado
esta demanda la primavera pasada, cuando la por aquel
entonces ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo,
visitó ambas ciudades para perfilar los Acuerdos Marco que
en esa materia han suscrito definitivamente las dos
Administraciones recientemente.
Entonces Trujillo advirtió a los Gobiernos ceutí y
melillense, ambos del PP, que después de que el Tribunal
Constitucional se pronunciara a favor de que el Estado
mantenga dichas competencias la devolución de las mismas
sólo podría llegar “como fruto de la colaboración y la
lealtad institucional entre las dos Administraciones”.
“La base en relación con la situación del Urbanismo en
Ceuta”, argumentó la ministra en Ceuta, “es la sentencia del
Constitucional de julio de 2006 que desestimó el conflicto
en defensa de la autonomía local planteado por la Ciudad.
Ese tribunal dejó claro que dichas competencias sólo pueden
corresponder al Estado y que la posición singular de Ceuta
es una razón más que sólida para que esta competencia
recaiga siempre en el Estado”.
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demandas del ejecutivo
