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La última Sesión Plenaria
Ordinaria en la Asamblea, que tuvo lugar el pasado lunes,
concluyó con un irónico cruce de acusaciones entre la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Yolanda Bel, y su
homóloga socialista, Inmaculada Ramírez, a cuenta de cuál de
los dos partidos demostraba mayor flexibilidad en sus
posiciones a la hora de apoyar propuestas de su adversario
político si estas contribuyen al interés general de los
ciudadanos. Fue, en realidad, un baile de reproches sin
sustancia alrededor de pequeñas mociones que no tuvo la
menor trascendencia mediática. Ayer, por primera vez en
años, un político de la Asamblea dio por primera vez en años
una rueda de prensa con todo el boato para anunciar un gran
pacto por el bien de los ceutíes. Mohamed Ali compareció
ante los medios para anunciar que hoy apoyará los
Presupuestos de la Ciudad elaborados por el Gobierno y para
alabar la “reflexión” del Ejecutivo ceutí para aceptar las
tres enmiendas de mayor calado que había presentado a las
cuentas públicas: la implantación del Ingreso Mínimo de
Inserción (IMI), la gratuidad de los libros de texto y el
compromiso de una acción “concreta” y “prioritaria” en el
Príncipe Alfonso. Siendo digna de mención la actitud de Ali,
que también advirtió de que como es su deber seguirá
criticando todo aquello que considere que deba criticar, aún
es más reseñable el comportamiento del Gobierno de Juan
Vivas, que al fin y al cabo es el que tiene la sartén por el
mango. Con su mayoría absoluta, revalidada hace apenas medio
año en las urnas con aún más margen del que ya tenía desde
2003, el Partido Popular podría haber hecho caso omiso de
las alegaciones de UDCE-IU con toda la legitimidad que le
daría el respaldo que recibió en las urnas su programa
electoral. O, en cualquier caso, intentar vender las
iniciativas pactadas como propias y no dejar que lo hiciera
su rival político. El juego limpio demostrado por ambos
partidos en estas conversaciones es, por ello, un ejemplo a
seguir por todos los demás.
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OPINIÓN / EDITORIAL
