La estancia en Ceuta de la treintena de bengalíes que hace
diez días regresó al CETI después de pasar más de tres meses
en los montes que lo rodean para evitar ser identificados
por la representación diplomática de su país se ha
prolongado más de lo habitual debido a “la existencia de
dudas sobre la nacionalidad real de estas personas” y a que
“procedieron a formular solicitudes de asilo político en
España, lo que conlleva paralizar cualquier actuación
dirigida a la expulsión”, según ha detallado el Gobierno en
una respuesta parlamentaria por escrito a la diputada de IU
en las Cortes Generales Montserrat Muñoz.
Según el texto de la respuesta del Ejecutivo central, a cuyo
contenido íntegro ha tenido acceso este periódico, “ha sido
la actuación de los propios interesados la que ha provocado
que su estancia en el CETI se haya extendido durante un
periodo de tiempo superior al habitual” al haber presentado
sus solicitudes de asilo entre 150 y 200 días después de
llegar a la ciudad autónoma y al haber abandonado el CETI
“voluntariamente” con el fin de “no entrevistarse con los
representantes diplomáticos de Bangladesh”.
El Gobierno deja claro, además, que todas sus peticiones de
asilo fueron “denegadas o inadmitidas a trámite”, aunque
Interior estudia ahora la revisión de su situación en España
a partir de los contratos de trabajo que se les han ofrecido
a varios de ellos.
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