Desde luego que es una pasada. No haberme tocado el pleno en
las quinielas me ha quitado, momentáneamente, el sueño. El
estado onírico de mi consciente, junto a algunas pasadas del
subconsciente, me la ha jugado con ganas. Soñaba que
disponía de una extensa finca, con enorme piscina incluida…
lo que escribo al principio: una auténtica pasada. Otra vez
será.
Como continuación de lo que escribí ayer, sobre la Ley de la
Memoria Histórica recientemente aprobada, el acceso a los
archivos será universal, tal como sucede en otros países
democráticos y ello supone un incremento muy importante en
la cultura del país, al conllevar mayor libertad acerca de
los derechos de los ciudadanos, y así corroborar la
condición de España como la de un auténtico Estado de
Derecho y de plena democracia.
Una de las razones por las que no quiere el PP que salga esa
Ley es la referida a los expedientes documentales en los que
aparecen nombres y apellidos que identifican a los autores y
a otras personas intervinientes en los hechos o en las
actuaciones judiciales del período franquista. Con la Ley se
acepta que todos los intervinientes en el conflicto civil y
su posterior tránsito hasta la muerte del general Franco
dejen de ser clasificados como impunes, objetivo de muchas
asociaciones de derechos humanos.
El Gobierno del país trata, con esta Ley, de concentrar el
asunto de las medidas para resarcir a las víctimas del
franquismo que se elaboraron desde 1977 en las que venían la
exclusión de algunos colectivos de víctimas que ahora están
incluidos en la nueva Ley con el reconocimiento de
pensiones, asistencia médica y farmacéutica, además de la
asistencia social, a favor de las viudas, hijos y demás
familiares españoles fallecidos como consecuencia o con
ocasión de la pasada Guerra Civil. Incluye un nuevo concepto
de víctimas: los que fallecieron en defensa de la democracia
durante el período franquista hasta la promulgación de la
Constitución.
Está muy claro que la Ley divide en dos partes las medidas:
la guerra y la dictadura. Admite la existencia de la
represión de descontrolados del bando republicado, pese a
que los franquistas se alzaron contra un régimen democrático
legalmente constituido. Por ello la Ley hace hincapié en
diferenciar entre los jurados populares, como órganos de
represión en manos de incontrolados, que no fueron
sancionados por ninguna ley de la República, de la represión
organizada y sancionada por las leyes franquistas.
Al hacer el Gobierno del país, entonces era presidente Aznar
que gobernaba con mayoría absoluta, la condena del
franquismo de manera oficial en la Comisión Constitucional
sólo era una especie de cortina de humo de las verdaderas
intenciones de los peperos de entonces, y los de ahora, por
disimular que acataban el acuerdo de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa de marzo de 2006. ¿Por
qué escribo que era una cortina de humo?... porque se
realizó en una Comisión y no en el pleno del Congreso por lo
que carecía de legitimidad y sinceridad la declaración de
entonces.
Por ello, la Ley contempla ahora, de manera definitiva, la
condena del franquismo además de hacer referencia a un
texto, verdadera joya de un acto democrático, en el que se
emana de que nadie está legitimado, ni puede sentirse
legitimado, para utilizar la violencia con la finalidad de
imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes
totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de los
ciudadanos. Toma del frasco, Franco. Carrasco ya es historia
derogada.
Es un paso adelante, la Ley de la Memoria Histórica, para
poner coto a algunas decisiones judiciales del Supremo que
utilizan algunas leyes represivas del franquismo (que
realmente fueron derogadas por la Constitución) para
rechazar una y otra vez las peticiones de revisión de
sentencias franquistas porque eran las leyes vigentes
entonces. Al declarar ilegítimos los juicios del régimen del
General Franco, por ser resoluciones contrarias al derecho
humano, se impide su invocación por cualquier autoridad
administrativa y jurídica.
Sobre los símbolos y calles, esperaré a que salga publicada
la Ley en el Boletín Oficial del Estado. ¡Lo que queda por
caer!
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