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El inspector, jefe del puesto fronterizo del Tarajal, José
Sánchez, participó ayer en el curso que sobre integración de
inmigrantes se está desarrollando en el Centro Asociado de
la UNED en Ceuta con la colaboración del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, y que está especialmente
dirigido a miembros de las fuerzas de seguridad. Sánchez
disertó sobre el papel que el Cuerpo debe tener como garante
de los derechos de los inmigrantes y otros problemas como la
corrupción en los puestos fronterizos.
“Sin ser una generalidad, en la frontera y el puerto algunos
compañeros han caido en la corrupción”, lamentó ayer,
durante su conferencia, el inspector jefe del puesto
fronterizo del Tarajal, que dio la imagen de ser el Elliot
Ness de la frontera por su tolerancia cero hacia la
corrupción, algo que le ha hecho estar en el Tarajal cinco
años, cuando normalmente hay una duración media de dos
debido a la corrupción inherente que ha llevado hasta ahora
ese cargo.
“El dinero es muy fácil en la frontera”, señaló José
Sánchez, “y por un pasaporte se están cobrando 18.000 y
24.000 euros”.
“Son mafias que lo intentan de todas las formas”, indicó el
inspector jefe del puesto del Tarajal.
No obstante, pese a las continuas referencias a la lucha
contra la corrupción en los puestos fronterizos, éste no fue
el tema central de la ponencia, que se basó en las distintas
leyes que garantizan los Derechos Humanos de los
inmigrantes, los cuales deben ser protegidos por las fuerzas
y cuerpos de seguridad.
Sánchez puso de relieve que “en la actualidad, los
inmigrantes regulares gozan de los mismos derechos que
cualquier ciudadano español”, después de las sucesivas
reformas de la Ley sobre inmigración, y que los miembros de
las fuerzas de seguridad están para garantizar los derechos
“por encima de todo”.
La protección de los inmigrantes llega también desde la
Unión Europea, como explicó el inspector jefe del Tarajal, a
través del Memorándum del Consejo de Europa, en el que se
trata “cómo deben comportarse las fuerzas de seguridad del
Estado”.
Asimismo, destacó Sánchez, existe un código de conducta de
las Naciones Unidas, pero recordó que “cuando yo entré hace
35 años no me dijeron esto”.
En cuanto a las cuestiones de carácter confidencial de las
que tengan conocimiento los funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley, el responsable policial del paso fronterizo
por el Tarajal explicó que están obligados a revelarlo ante
los jueces; y puso como ejemplo el famoso caso del comisario
policial que en el 11-M se negó a revelar sus fuentes, de
quien, se mostró seguro, “ya se encargarán los jueces de
ponerlo en su sitio”.
Sánchez insistió que en su frontera “al funcionariado se le
está pidiendo que sea honrado” y apuntó a la Constitución
como el mayor garante de los derechos de los inmigrantes. El
mando policial hizo referencia a las distintas leyes que
protegen los derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, la cual, desde enero del año
2000 ha sido reformada en dos ocasiones: en diciembre de ese
mismo año y en noviembre de 2003. Se trata de unas leyes que
mejoran la protección de los inmigrantes, según explicó, a
través de la modificación de los visados.
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