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Es más que probable, a juzgar por lo visto y oído ayer en
sede judicial, que la titular del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Ceuta no suspenderá cautelarmente la
disolución de la Federación socialista ceutí, tal como
pedían Basilio Fernández, Antonio Gil y José Luis Martínez
López, pero a cambio la sesión ofreció nuevas luces sobre lo
ocurrido en el PSOE regional desde mayo: el abogado de
Ferraz desveló ayer que, tal como pensaban los renovadores,
fue Moya quien pidió la disolución del partido.
Ferraz no disolvió el PSOE ceutí por iniciativa propia. Fue
el ex presidente de la Gestora que designó en junio tras la
dimisión de Toñi Palomo, Enrique Moya, quien pidió a la
Ejecutiva Federal que tomase esa resolución. La sospecha de
los renovadores, conspiranoica según el oficialismo
socialista ceutí, la confirmó el letrado enviado por Ferraz,
Álvaro Sánchez Manzanares, para defender a su partido de la
demanda presentada por Basilio Fernández, Antonio Gil y José
Luis Martínez López en defensa de sus Derechos
Fundamentales.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Ceuta acogió ayer la vista para decidir si imponía o no las
medidas cautelares [suspensión de la disolución del partido]
que reclamaban, algo que con toda probabilidad no admitirá
después de que la Fiscalía no respaldase su petición y el
propio Fernández asumiese al término de la sesión que “si la
juez reconoce que, tal como ha dicho la parte demandada,
seguimos siendo afiliados del partido, nos daremos por
satisfechos e incluso estudiaremos retirar la causa
principal”.
Fernández y compañía reiteraron ante la juez que a su juicio
Ferraz violó “en la forma y en el fondo” los artículos 22
[del derecho de asociación], 24 [sobre la tutela efectiva de
jueces y tribunales] y 25 [relativo, por extensión, al
derecho sancionador] de la Constitución Española, así como
la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la Ley Orgánica
Reguladora del Derecho de Asociación al disolver el PSOE
ceutí.
Enfrente, el letrado de Ferraz, alegó que el argumentario de
los demandantes está “sesgado”, que la Federal en ningún
momento adoptó una resolución sancionadora contra ningún
militante, sino dentro de su marco de “autoorganización” y
acusó a la parte actora de ser los máximos responsables de
todo lo sucedido por hablar de más en los medios.
“No hubo un procedimiento sancionador sino orgánico, con
pleno fundamento constitucional”, defendió Sánchez
Manzanares, quien aseguró que ninguno de los militantes
socialistas de Ceuta están expulsados e incluso aportó sus
fichas como tales en calidad de prueba documental, aunque sí
reconoció que el artículo 62 de los Estatutos del partido,
donde se dice que tras una disolución los afiliados pierden
“todos sus derechos” no tiene “la redacción más adecuada”.
La verdadera novedad la aportó, sin embargo, al asegurar que
a la vista de las actuaciones “sin ajuste a los Estatutos”
de los críticos Enrique Moya solicitó a la Federal “la
disolución del partido. Al salir de la vista y ser
preguntado explícitamente por este punto De la Encina, que
compareció como representante del PSOE, negó este extremo,
pero a cambio aportó una versión con escasas diferencias:
“Ferraz pidió un informe y la Gestora [sólo lo firmó Moya]
se lo envió”, dijo.
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partido socialista
