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La Ciudad sigue convencida de que derribar las naves del
Sardinero que sirven de cobijo a los inmigrantes irregulares
es “la única solución para resolver de una vez por todas los
problemas de la zona”. El problema es cómo conseguirlo. Bel
anunció ayer que puesto que no pueden declararse en ruina y,
por lo tanto, demolerse de manera unilateral, y puesto que
los propietarios tampoco parecen dispuestos a mantenerlos en
condiciones el Gobierno abrirá sendos expedientes
sancionadores a las empresas.
El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta acordó
ayer en una reunión que versó prácticamente en exclusiva
sobre la problemática de los antiguos barracones
industriales del Sardinero abrir sendos expedientes
sancionadores a las empresas propietarias de dichas naves
por no cumplir la orden de adecentamiento que por un valor
de 139.000 euros se les había instruido previamente.
La portavoz del Ejecutivo autonómico, Yolanda Bel, explicó
que dichos expedientes están sustentados en los informes
elaborados por las consejerías de Fomento, Gobernación y
Sanidad, especialmente esta última, que concluyen que ambas
estructuras son “un foco de insalubridad” evidente.
Bel admitió que la situación es harto compleja para la
Ciudad, que se enfrenta a la existencia de dos pabellones
que no pueden declararse en estado de ruina y que se
encuentran en una propiedad privada, por lo que no cabe una
intervención unilateral de la Administración.
“El Gobierno comparte las inquietudes de los vecinos de los
alrededores y sigue pensando que la solución para acabar con
todos estos problemas pasa por el derribo de los
barracones”, apuntó Bel, quien describió como “complicadas”
las negociaciones que la Ciudad mantiene desde hace más de
18 meses con sus propietarios, Eroski (Udama).
Sin querer atacar a ambas sociedades Bel optó por admitir lo
evidente: “Pretenden sacar la máxima rentabilidad”, dijo la
consejera de Medio Ambiente, quien también señaló que por lo
que ella sabe “no han pedido dinero” a la Ciudad por
demoler.
Entretanto, Bel aseguró que el Gobierno de Vivas seguirá
indagando en “todos los resquicios” con el fin de acelerar
la demolición de los dos barracones, ubicados en unos
terrenos para los que la normativa urbanística prevé un uso
dotacional.
La portavoz regateó también las preguntas sobre si las
empresas pretenden que se recalifiquen los terrenos, algo
que ya se puso sobre la mesa el verano de 2006, cuando la
Ciudad anunció que el acuerdo estaba a punto: “Espero que
pidan algo lógico, razonable y legal, porque otra cosa no
vamos a aceptar”, dijo.
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Más vigilancia, más limpieza y más conversaciones
Mientras se llega a una entente
cordial que lleve a los propietarios de las naves que, hagan
lo que hagan las autoridades, vuelven a ocupar una y otra
vez los inmigrantes, Bel anunció ayer un “refuerzo” de las
actuaciones que las consejerías de Fomento, Sanidad y
Gobernación vienen realizando en los antiguos barracones
industriales del Sardinero. En concreto la portavoz del
Gobierno citó que el Área de Gobernación asumirá una
vigilancia “más intensa” del entorno de los barracones, un
verdadero quebradero de cabeza para los vecinos de
Residencial Galera y el resto de inmuebles del entorno. Por
su parte, Sanidad incrementará las rondas de desinfección y
desinsectación de las naves, que Bel describió ayer como “un
verdadero foco de insalubridad”. A Fomento y a Doncel les
tocará la tarea más complicada: seguir negociando.
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