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Una vez más, y ya son incontables,
los antiguos barracones del Sardinero y su ansiada y nunca
concretada demolición vuelven a ser noticia. En este caso
por el enésimo incendio causado por los inmigrantes
irregulares de origen marroquí que los utilizan como refugio
desde hace meses en un incomprensible juego del gato y el
ratón con la Policía y los distintos departamentos de la
Ciudad Autónoma que se encargan de sellar sus accesos.
El conato de incendio, que no llegó a más, como también es
habitual, ha servido sin embargo para echar la vista atrás y
darse cuenta del tiempo que hace que permanece larvado un
problema que la Consejería de Fomento daba por prácticamente
solucionado en primavera del año pasado.
¿Qué ha pasado desde entonces hasta ahora? Nada. Al menos
públicamente. Dieciocho meses después el convenio entre la
Ciudad Autónoma y los propietarios de las naves, las
empresas Borrás y Eroski, sigue siendo un desconocido. Es
más, ahora sabemos que sendos recursos de las dos compañías
mantienen paralizado el Decreto con el que la Ciudad
pretendía obligarles a mantener la zona en las adecuadas
condiciones de seguridad y salubridad.
Ahora el Ejecutivo autonómico anuncia con toda la razón que,
puesto que después de estudiarlo muchas veces es inviable la
posibilidad de derribar las estructuras por su cuenta y
riesgo, tiene la decisión tomada de “intervenir
urbanísticamente” en la zona “más pronto que tarde” para
terminar con este cuento de nunca acabar.
El anuncio suena a enfocar el problema desde otra
perspectiva por si alguien se está intentando aprovechar de
la voluntad del Gobierno de acabar cuanto antes con las
molestias que acarrean las naves a los residentes en el
entorno. Si se pretende que la Ciudad obre de una u otra
manera urbanísticamente dilatando su demolición puede no
estar mal pensado decidir antes y hablar de los terrenos
despues.
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OPINIÓN / EDITORIAL
