El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta está “decidido” a
intervenir urbanísticamente “más pronto que tarde” en los
antiguos pabellones del Sardinero, refugio habitual de
inmigrantes irregulares que origen marroquí, que ayer
volvieron a requerir la intervención del Cuerpo de Bomberos
para extinguir otro de los incendios que habitualmente se
generan en su interior a causa de la acumulación de todo
tipo de desperdicios por parte de sus ocupantes habituales.
Mientras sus propietarios, las empresas Borrás y Eroski,
mantienen bloqueado el Decreto que les obliga a hacerse
cargo de su conservación la Ciudad estudia qué hacer.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta que preside Juan
Vivas tiene la intención “definitiva” de intervenir “urbanísticamente”,
muy probablemente a través del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) que se está elaborando, en la barriada del
Sardinero, donde permanece enquistado desde hace ya más de
un año el problema de qué hacer con los barracones propiedad
de Borrás y Eroski que ayer de madrugada volvieron a
incendiarse, presumiblemente por culpa de los inmigrantes
irregulares marroquíes que siguen ocupándolos.
La demolición de ambas naves se presenta como “inminente”
desde el primer semestre de 2006, cuando el entonces
consejero de Fomento, José Antonio Rodríguez Ferrón, comenzó
las negociaciones con las empresas dueñas de los solares
para pactar su demolición. Las expectativas fueron tan lejos
que incluso llegó a anunciarse, que si no había
contratiempos, antes de que terminase el verano del año
pasado se rubricaría un convenio urbanístico que obligaría a
sus propietarios a derruir.
Más aún: la Ciudad aseguró que una de las empresas dueñas
del solar, Eroski, ya había encargado un estudio
arquitectónico para el derribo y que ya se habían iniciado
los trámites para conceder los permisos correspondientes.
“Todo podría estar en unas dos o tres semanas”, se adelantó.
Dieciocho meses después, sin embargo, las naves del
Sardinero siguen siendo un quebradero de cabeza para los
vecinos de Residencial Galera y el resto de fincas
colindantes. La última vez, la noche de ayer, cuando
residentes en la zona advirtieron al 112 de que habían oído
una explosión en su interior. Cuando los bomberos llegaron
al lugar de los hechos y pudieron acceder a los barracones a
través de un butrón se encontraron lo mismo de siempre:
basura y desperdicios ardiendo en varias “habitaciones”,
según reza literalmente el parte elaborado por el Servicio
de Extinción de Incendios.Fuentes de la Ciudad explicaron
ayer que la Administración cursó hace meses, con los
preceptivos informes de la Consejería de Sanidad, Fomento y
Gobernación en la mano, un decreto que instaba a sus
propietarios a responsabilizarse de mantener la parcela en
las debidas condiciones de seguridad y salubridad, lo que
materialmente pasa por demoler las inservibles estructuras.
Dicha orden fue recurrida una primera vez con argumentos
desestimados por la Ciudad, a la que se presentó un segundo
recurso contencioso-administrativo que mantiene paralizada
la asunción de dicha responsabilidad.
“No se puede derribar”
“La Ciudad no pude saltarse el procedimiento establecido y
derribar los barracones”, reconocieron ayer fuentes de
Fomento, “pero sí está decidida a intervenir más pronto que
tarde urbanísticamente en la zona para ordenarla”.
Los solares anexos a Cruz Blanca donde se asientan las naves
están calificados para uso dotacional y de equipamientos,
aunque en el proceso de redacción del nuevo PGOU se le
podría añadir algún tipo de uso residencial para facilitar
las gestiones con los propietarios de los solares.
Responsables políticos y técnicos de las consejerías de
Gobernación y Fomento mantuvieron este fin de semana varias
reuniones para intentar encontrar la fórmula para solucionar
el conflicto de las naves, que según se anunció el año
pasado se demolerían y dejarían paso a un aparcamiento
público hasta que se decidiese un destino definitivo para
los terrenos. Ahora la Ciudad está “decidida” a escoger
cuanto antes ese destino con la esperanza de que agilice las
gestiones anteriores.
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Administración y vecinos comparten que la
única alternativa “lógica” es tirar los antiguos barracones
El 6 de julio del año pasado el
presidente Vivas ya reconoció ante los medios de
comunicación que su Gobierno, en su deseo de dar
satisfacción a los vecinos del entorno y dar solución a un
problema endémico de la barriada, que su Ejecutivo había
llegado a estudiar la posibilidad de emprender la demolición
por razones de salud pública o de ruina inminente. En ambos
casos se encontró con una respuesta negativa de los
servicios técnicos municipales, por lo que la Ciudad trabaja
desde entonces con una única salida: que tiren los
barracones sus propietarios”. Entretanto la Ciudad está
obligada a mantener la limpieza en la zona y a preservar, en
la medida de lo posible y con toda determinación, las
condiciones de salud pública en el área. Dicha tarea, que ha
incluido tapiar mil y una veces el acceso a las naves y
enviar otras tantas veces a las brigadas de Obimace para
adecentar los alrededores, cuesta “mucho dinero” a la
Hacienda autonómica según fuentes de la Ciudad, que comparte
con las asociaciones de vecinos más cercanas (Residencial
Galera y Ferrocarril) la idea de que sólo existe una
alternativa “lógica”: tirar los pabellones.
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