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Qué hacer cuando sabes que en tu país no puedes aspirar a
una vida? Olvidándonos ya del calificativo ‘digna’. ¿Qué
pensar si, directamente, no existe futuro? ¿Cuál es el
camino a seguir cuando tu historia, antes de comenzar, ya se
ha dado por finalizada? Quizá algunos de estos pensamientos
guíen el rumbo de los menores extranjeros que llegan, sin
compañía, a tierras españolas. Quizá no.
A los que el Gobierno califica como MENA, probablemente
ellos ni siquiera sepan el significado de tal denominación,
tan sólo ansían contemplar un atisbo de luz en la oscura
incertidumbre de sus existencias.
Para el Gobierno, tanto autónomo como nacional, y la
sociedad en general, la situación es muy diferente.
Protocolos, negociaciones y convenios intentar conformar el
futuro de estos menores en una doble vertiente: Permanecer
en España o ser repatriados a sus países. El proceso es
lento y largo.
Cuando uno de estos jóvenes pone pie en territorio español
corre el riesgo de ser descubierto por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. Es en este momento cuando se pone
en conocimiento del Ministerio Fiscal y, a falta de
documentos que lo verifiquen, le realizan una prueba médica
ósea para establecer los años que tiene y se le incluye en
el Registro de Menores Extranjeros no Acompañado, al
determinar su minoría de edad, según los procedimientos que
recoge el Observatorio de la Infancia del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS).
Posteriormente, se comunican los hechos a la Entidad Pública
de Protección de Menores con el objetivo de preasignarle un
Centro de ingreso y prestarle la atención inmediata que
necesite, declarándolo en situación de desamparo y pasando a
estar tutelado por el gobierno de la comunidad autónoma. Sin
embargo, si el joven tuviera 18 años o más se aplica la Ley
de Extranjería.
Hasta llegar a este punto podrían haber pasado meses. Lo
“legal” es que la Oficina Consular del país del que
presumiblemente procede intente localizar a sus familiares
o, en su defecto, los Servicios de Protección de Menores de
su país de origen que se hicieran cargo de él. Sin embargo,
si no existe representación diplomática, la gestión de
determinación de estos servicios se canalizarán a través del
MTAS. Este punto ha sido el protagonista de grandes
polémicas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, al
carecer de consulados marroquíes.
En caso de que los jóvenes hayan podido ser identificados y
sus familias localizadas, o en su defecto lo Servicios de
Protección de Menores de su país de origen, se comunica a la
Administración General del Estado, autoridad competente en
materia de extranjería. El objetivo final es que, después de
haber escuchado al joven y previo informe, se proceda a la
repatriación del menor si procede. En caso contrario habrá
de decidir su permanencia en España.
Los centros de acogida, donde pasa a residir, tienen la
obligación de velar por él, atenderlo y facilitar que
aprenda el idioma de acogida y que pueda formarse en un
oficio o estudiar para que, al cumplir los 18 años y
abandone las instalaciones, esté encaminado para encontrar
un trabajo y poder vivir por su cuenta.
Cuando las repatriaciones no se llevan a cabo y ya han
transcurrido nueve meses, desde que el joven fue puesto a
disposición de los Servicios de Protección, se procederá a
otorgarle la autorización de residencia. Sin embargo, no
siempre es así. En Ceuta aún no se ha efectuado ninguna
repatriación, con su consiguiente expediente, según ha
indicado en reiteradas ocasiones el director general del
Área de Menores, Juan Hernández. Las autorizaciones de
residencia tampoco son una máxima la ciudad autónoma, ya que
los jóvenes abandonan los centros antes de cumplir los
plazos o de alcanzar la mayoría de edad.
La nacionalidad marroquí es predominante en los MENA, para
ello España y Marruecos y han adoptado un acuerdo de
cooperación en el ámbito de la prevención de emigración
ilegal de estos jóvenes, su protección y retorno concertado.
Ante esta situación los menores se encuentran en un limbo de
legalidad y la Ciudad se siente atada de manos ante esta
gran asignatura pendiente de la Administración General.
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MENA
