|
El portavoz de UDCE-IU y, como tal, líder de la oposición en
la Asamblea, se enfrenta la próxima semana a dos retos
mayúsculos. El primero de ellos pasa por resolver con éxito
las conversaciones que, hace ya muchos días, inició con el
Gobierno de Juan Vivas para intentar consensuar los
Presupuestos Generales de la Ciudad para 2008. El segundo,
más difícil si cabe aún al estar condicionado por el
primero, explicar a su electorado cómo puede un partido como
el suyo, que durante meses ha hecho bandera de la izquierda
y el progresismo, pactar el documento que vertebrará la
política de un Ejecutivo presuntamente contrario a su
ideología durante los próximos doce meses.
Se trata, en realidad, de una cuestión de fondo sobre qué es
la política (“una actividad cuyo objetivo es el de resolver
pacífica y razonablemente conflictos entre las personas y
los grupos humanos”, según el sociólogo Imanol Zubero) y
cómo articular su ejercicio con sentido ético y coherencia
teoría y práctica. O lo que es lo mismo, ¿se puede pactar
con el PP si así se logran objetivos políticos que de otra
forma serían inalcanzables?.
UDCE-IU cree que si consigue poner en marcha un programa de
gratuidad de los libros de texto para luchar contra el
fracaso escolar y si se puede implantar, aunque sea de forma
embrionaria, un salario social (Ingreso Mínimo de Inserción,
IMI, en términos oficiales) para hacer frente a las altas
tasas de población ceutí que vive por debajo del umbral de
la pobreza no sólo se puede. Se debe.
Ambos planteamientos (el tercer “reto”, el de garantizar la
inversión en el Príncipe, se da por supuesto) forman parte
de un desafío “progresista” que a muchos socialistas,
algunos de ellos parte del núcleo duro que rodeó a Toñi
Palomo durante sus años al frente del PSOE ceutí, sorprende
que nunca acometiese su partido. “Ceuta tiene la
particularidad”, explican, “por sus características
demográficas y geográficas, en la que cualquier medida del
tipo de las planteadas por UDCE-IU al PP no exige un
desembolso demasiado gravoso, sobre todo en el marco de los
presupuestos del Estado, pero sí tienen una relevancia
destacada”.
No se trata, además, de ninguna rara avis en el panorama
político e institucional nacional y europeo. En la mayoría
de los países europeos las familias no tienen que pagar por
los libros de texto de sus hijos y muchas comunidades
autónomas hace tiempo que pusieron en marcha, de forma
progresiva, programas para la gratuidad de los libros de
texto. Sólo en Irlanda, Eslovaquia y Portugal los padres de
nuestro entorno más inmediato se ven obligados a pagar los
libros de texto de sus hijos según un estudio elaborado por
la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos (Ceapa).
En Noruega, Islandia, Suecia, Dinamarca, Reino Unido,
Francia, Holanda, Grecia e Italia, así como en varios
estados alemanes, los manuales son gratis en Primaria,
mientras que en secundaria en varios de esos países pagan
los padres. En cualquier caso, es costumbre que los centros
educativos alquilen los libros u organizan un mercado de
libros usados.
En España, los padres de los alumnos llevan una década
luchando porque los libros de texto escolares sean gratuitos
para las familias con hijos matriculados en colegios
públicos y concertados amparándose en que la propia
Constitución señala en su artículo 27 que la “enseñanza
básica es obligatoria y gratuita”.
“Tal y como está configurado el sistema educativo, el libro
es todavía un elemento imprescindible que las familias están
obligadas a adquirir cada comienzo de curso. En realidad, al
exigir este esfuerzo económico no se cumple con el precepto
constitucional, ni se garantiza la igualdad de oportunidades
de todos a la educación”, opina Ceapa, que calcula que cada
familia paga por cada hijo al comienzo de curso sólo en
libros de texto entre 180 y 230 euros.
Ceuta forma parte de las regiones españolas que no cuentan,
por ahora, con “ningún plan diseñado” desde el gobierno
autonómico para asumir el coste de los libros de manera
generalizada, aunque sí conceden ayudas para la adquisición
de los manuales. Este año la Ciudad Autónoma entregó un
total de 6.050 ayudas al estudio por un importe máximo de
140 euros para Educación Infantil, Primaria y Secundaria por
un montante total de 635.000 euros para su canjeo en
librerías y papelerías locales. Para el año próximo, además
de anunciar un aumento del 10% en el presupuesto para estas
becas la consejera del ramo, Mabel Deu, ha anunciado que por
fin habrá una “acción concertada” con el Ministerio de
Educación para que las ayudas que conceden ambas
instituciones no se solapen.
El “salario social”
La del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), más conocido como
salario social, es una reivindicación aún más ambiciosa (y
costosa). Este salario pretende “paliar las dificultades por
las que atraviesan determinados grupos sociales, familias o
personas, debido a la carencia de recursos por las
situaciones desfavorables en que se desenvuelven o por la
marginación social en que se encuentra, y que les impide
atender las necesidades básicas de la vida”, según la
descripción del Gobierno cántabro.
El debate sobre la instauración de un ingreso de este tipo
se abrió, con la oposición del Gobierno central, a
iniciativa de los sindicatos en 1990. Desde entonces su
implantación ha tenido un desarrollo desigual en las
distintas comunidades autónomas. En el sur de Europa,
Francia fue el primer Estado en establecer en 1988 un
programa de garantía de ingresos que actuara a modo de
cierre del sistema de protección social, creando un nuevo
mecanismo asistencial con vocación de atención universal a
la población.
Este modelo se presentó como alternativa a los sistemas
establecidos en el centro y norte del continente basados en
una prestación exclusivamente económica, a la que Francia
incorporó una dimensión propiamente social, centrada en el
objetivo de inserción de los beneficiarios de estos
programas.
El Ingreso Mínimo Familiar vasco (IMF) de 1989 fue el primer
paso en ese mismo sentido en España, que se caracterizó por
la renuncia del Estado a liderar este proceso y a dejarlo en
manos de las Comunidades Autónomas, que en su práctica
totalidad ya han puesto en marcha iniciativas similares al
margen de la Seguridad Social.
Según Luis Sanzo, de la Asociación Red Renta Básica, además,
con resultados muy positivos, sobre todo en las regiones
donde la política de rentas mínimas “ha alcanzado cierta
relevancia”. Para Sanzo este es el caso de Navarra, Madrid o
Euskadi, donde con una inversión del 0,21% del PIB anual se
ha conseguido beneficiar al 3,5% de las unidades familiares
vascas.
El sistema español de protección asistencial, que presenta
un diseño dual donde la cobertura de necesidades específicas
corre a cargo del Estado mientras que la protección general
contra la exclusión social de cualquier tipo es competencia
de las Comunidades Autónomas.
De esta forma las rentas mínimas se han convertido en el
último recurso de los sistemas de protección social en forma
tanto de rentas de subsistencia periódicas como de ayudas de
emergencia concretas para responder a situaciones
específicas de emergencia social sobre los principios de
solidaridad (redistribución), inserción (inversión en
capital humano), vertebración social (externalidad positiva)
y extensión de los derechos sociales (bienestar social).
Según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
a partir de los datos proporcionados por las Comunidades
Autónomas, en 1999 había 70.063 beneficiarios titulares con
202.416 beneficiarios miembros dependientes de IMI en toda
España, un 0,5% de la población nacional. El gasto total
presupuestado de las rentas mínimas de inserción más las
ayudas de emergencia social ascendió en 1999 a 197 millones
de euros.
En resumen, la comparación de los diecisiete diferentes
sistemas de rentas mínimas de inserción en España existe un
modelo que incluye una ayuda económica y acciones de apoyo y
acompañamiento social para la inserción en la línea del
modelo francés (Euskadi, Madrid o Cataluña); otro que se
basa en programas de empleo social que proporcionan en
empleo temporal de utilidad social con los derechos
derivados de una relación laboral por cuenta ajena
(Asturias, Andalucía y Ceuta) y un tercero que se basa en
prestaciones económicas de los servicios sociales que
incluyen acciones simbólicas de inserción (Aragón o Murcia).
A pesar de su heterogeneidad hay elementos comunes en todos
ellos: suele tratarse de prestaciones que toman como
referencia a la unidad familiar o de convivencia, son
requisitos obligatorios disponer de unos ingresos inferiores
a la cuantía de la prestación que le corresponde, que se
establece por un periodo de tiempo determinado (generalmente
prorrogable) a personas de entre 25 y 65 años vinculada a
acciones de inserción (en Madrid, por ejemplo, los
perceptores están obligados a acudir a cursos de formación
profesional del INEM). El montante oscila entre 250 y 400
euros en función del número de miembros de la unidad
familiar.
|
|
Tras los pasos de Castilla-La Mancha, Andalucía,
Aragón, Cantabria, Galicia y La Rioja
Castilla-La Mancha fue la primera
región que empezó a implantar gradualmente la gratuidad de
libros de texto, que este año, siete después de aquellos
primeros pasos, llegará a todos los niveles de Primaria y
ESO. Desde el primer curso, en que se benefició a 1º y 2º de
ESO, la gratuidad se ha ido extendiendo paulatinamente a
todos los niveles sobre un esquema muy simple: los docentes
deciden los libros a comprar y los colegios entregan a sus
alumnos un vale canjeable en las librerías, que a su vez
entregan su factura a los colegios. Los centros escolares, a
su vez, reciben dinero de la Consejería de Educación. Los
libros pertenecen al colegio y pasan de un alumno a otro
durante cuatro años si no se estropean. Aunque al principio
se preveía que habría que renovar el 5% del material cada
curso por deterioro, durante los dos primeros años no hubo
que cambiar más del 1,5%.
La Junta de Andalucía ha comenzado este año a implantar la
gratuidad de los libros de texto, también en calidad de
préstamo, en 1º y 2º de Primaria (como Cantabria, que piensa
ampliarla a toda la enseñanza obligatoria) y desde el año
pasado costea los de alumnos con dificultades sociales o con
necesidades educativas especiales. Aragón va un paso por
delante y este año ha extendido su programa a toda la
Primaria, 1º y 2º de ESO.
En Galicia este curso, todos los alumnos de Primaria
recibirán gratis sus libros de texto bajo el sistema será el
de préstamo y a los padres que ya hayan comprado los libros
se les reembolsará el dinero. En La Rioja la Administración
autonómica costea la gratuidad en los cuatro cursos de la
ESO y en Cataluña se ha puesto en marcha un ‘Programa
Cooperativo para el Fomento de la Reutilización de los
Libros de Texto’ en 522 centros educativos.
|
UDCE-IU
NEGOCIA CON EL GOBIERNO LOS PRESPUESTOS
