Una semana y cuatro días después de la reunión multilateral
con presencia de la Ciudad, la Delegación, la Cámara de
Comercio y los empresarios del Tarajal, el Gobierno trajo a
pleno, para su aprobación inicial, la ordenanza reguladora
redactada. El consejero de Economía y Empleo, Guillermo
Martínez fue el encargado de defender la normativa y su
texto ante la oposición. Este destacó que la ordenanza
“responde a la preocupación que la Ciudad tiene por la
situación actual del polígono”. La acción que está
desarrollando el Gobierno ceutí trata, según Martínez, de
satisfacer las demandas de los comerciantes.
El consejero de Economía calificó de “prioritaria y urgente”
la actuación para con el Tarajal y recordó que una muestra
clara de tal interés es la celeridad con que se ha redactado
y traído a pleno la ordenanza.
La rapidez con que se ha elaborado el documento tiene sus
aspectos negativos para la oposición. Así, el líder de la
UDCE, Mohamed Alí habló de “precipitación” mientras que la
portavoz del grupo socialista, Inmaculada Ramírez, consideró
que la ordenanza es “jurídicamente caótica”.
Tanto UDCE como PSOE coincidieron, aunque con distintas
perspectivas, en que el documento habría de madurarse un
poco más. Alí pidió un mayor consenso para el documento.
Algo que para Martínez es “difícil de conseguir” ya que
cuenta con el beneplácito del presidente de la Cámara de
Comercio y de los representantes del Tarajal.
Un sector, perjudicado
El líder de la oposición consideró que la Ciudad ha
incurrido en un “error de planteamiento” al estar
“responsabilizando de los males del polígono al sector de
los comerciantes de ropa usada”. Según Alí, si lo que se
quiere es incentivar económicamente la instalación no se
puede asfixiar a parte del sector empresarial.
Por su parte el consejero de Economía de la Ciudad defendió
que la ordenanza no pretende actuar contra ningún sector en
particular ya que es una normativa general destinada para
todo el polígono.
Cuestiones como la denominada responsabilidad solidaria o
que las revisiones de los camiones con mercancías se
realicen fuera del polígono fueron utilizadas por la UDCE
para criticar la ordenanza. “No resulta lógico culpar a un
empresario porque un porteador cometa una infracción y sea
insolvente”, señaló Alí. Por su parte, Martínez explicó que
la responsabilidad solidaria no es una innovación del
Gobierno sino una práctica habitual y por ello ha sido
tomada. Asimismo concretó que la actuación de revisión de
mercancía en el depósito es “correcta” y está “totalmente
protocolizada”.
La representante del PSOE encontró algunas erratas y faltas
de concordancia en la normativa, algo a lo que el consejero
de Economía y Empleo restó importancia y que achacó a la
celeridad con que los técnicos de la Ciudad han redactado el
texto.
Por otro lado, respecto a la estructura de la ordenanza, que
fue criticada por Ramírez, este informó de que es un calco
de otras similares de ciudades como Huelva.
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El Gobierno pide al MEC que devuelva la titularidad de los
terrenos cedidos en Ibarrola
La Asamblea en Pleno aprobó por
unanimida, el Estudio de Detalle en P.E.R.I. 3 de Huerta
Téllez. Esta actuación supondrá el visto bueno de la Ciudad
para que el Colegio Concertado Severo Ochoa amplíe sus
instalaciones en terreno propiedad del centro.
La Corporación municipal, que trajo a Pleno la propuesta,
encontró el apoyo de la UDCE y del PSOE que consideraron que
era una acción positiva porque supondría una mejora de las
instalaciones de un centro educativo.
Al hilo del debate de aprobación de esta disposición, la
portavoz socialista introdujo la polémica de la construcción
de un centro por parte del MEC en el Sardinero previa cesión
de terrenos por parte de la Ciudad. Ramírez se metió en un
callejón sin salida al solicitar celeridad al Gobierno
autonómico en la cesión de nuevos terrenos al estar
contaminados los ofrecidos. La respuesta del consejero de
Fomento fue tajante: “Estamos esperando a que el Ministerio
revierta de nuevo en la Ciudad la parcela porque queremos
construir viviendas sociales”.
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