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El gremio de empresarios dedicados a la compra-venta de ropa
reciclada en el Tarajal suscribió ayer un comunicado público
en el que se reservan la adopción de acciones “civiles y
penales” contra la Ciudad si esta persiste en los controles
que realiza desde hace una semana en el Almacén municipal
sólo sobre sus bultos.
Hay oficios con glamour hasta en el nombre: uno puede ser
diseñador, por poner un ejemplo, y ser un auténtico gandul,
pero si se carga con el apellido de ropavejero la cosa puede
cambiar sin una razón fundada. Según el diccionario este
oficio consiste en “vender, con tienda o sin ella, ropas y
vestidos viejos”, pero en el subconsciente colectivo existe
una ‘mancha’ semántica de imposible justificación.
Los ropavejeros del Tarajal, el gremio de entre 30 y 40
comerciantes que se dedican a la importación de ropa usada
(“reciclada”, matizan) desde Centroeuropa para su venta en
los polígonos de la frontera, tienen la sensación de que no
se les trata como empresarios, sino “casi como
delincuentes”.
Y todo ello a pesar de que su contribución a la Hacienda
Pública en forma de IPSI y otros impuestos no es desdeñable:
a más de 5.000 euros de venta diaria, más de un millón de
euros en el primer caso y “entre 4 y 5” en el segundo, según
sus propios cálculos. Eso sin contar los 35.000 euros que,
mensualmente, reposta uno solo de los transportistas que les
surten desde Holanda, Francia, Alemania o Bélgica.
“Se nos está tratando como delincuentes en un agravio
comparativo inaceptable con otros sectores de los propios
polígonos”, denuncia el portavoz del gremio, Francisco
Sánchez, en un tono bastante más bajo del que, a su
alrededor, utilizan muchos de sus compañeros de oficio.
¿Por qué? Pues según su propia versión porque el 19 de
noviembre, en la macro-reunión en la Cámara de Comercio a la
que asistieron todos los que son en el asunto de los
polígonos (a Sánchez, que lo pidió, no se le permitió
entrar) “se pactó que los camiones irían escoltados por la
Policía Local hasta los polígonos y allí se harían todos los
controles pertinentes”.
Eso es lo que ellos creían, según dicen, hasta que la Ciudad
decidió desviar a sus suministradores hasta el Almacén
municipal del puerto, donde una por una abren todas sus
‘balas’ (bultos) para ver su contenido. La miga del tema es
que, a dos minutos por ‘bala’ (cada una de las cuales pesa
prensada unos 55 kilogramos) cada camión, cargado con 400 ó
500 paquetes, tarda en revisarse hasta 3 días.
La cuenta es sencilla: además de pagar a los hombres que se
encargan de abrir y cerrar el bulto el coste del camión
parado en Ceuta es de 700 euros diarios. Es sólo la primera
parte del “quebranto” económico. La más grave viene después,
cuando una vez en las naves el comprador se niega a pagar
más de la mitad de los 65 céntimos por kilo que suelen
costar este tipo de prendas.
“No les gusta que la ‘bala’ esté abierta porque dicen que se
les han sacado las mejores prendas”, explica Sánchez. “La
mercancía recibida lo es en unos embalajes de carácter
especial que una vez rotos hacen perder su valor a dicha
mercancía, por cuanto que es consustancial a su precio la
forma de presentación y embalaje”, reza el comunicado que
ayer por la tarde firmaron todos los afectados en la Cámara.
“Varios” de ellos, según sus compañeros, están ya “al borde
de la ruina” y no llegarán a Navidad si la Ciudad no
modifica sus criterios de control. “No hay inconveniente en
que se examine, pero que se haga con los medios oportunos
[“escáneres o lo que sea”, reclaman] para que no se demore
el despacho”. “Como no es suficiente con no tener
vigilancia, iluminación, un entorno cuidado y todos los
privilegios en la Asamblea, ahora nos llevan camino de Cruz
Blanca”, lamentan desolados los ropavejeros.
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