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La clase política de nuestra
ciudad se nutre de informaciones provenientes, en muchos
casos, de simpatizantes o de personas interesadas situadas
estratégicamente en los diferentes departamentos existentes
en los organismos oficiales tanto en la Ciudad Autónoma como
en la Administración General del Estado.
Personas que han sido colocadas por las centrales sindicales
con representación, por dirigentes políticos o a través de
méritos propios pero que, en todos los casos, sustraen
información relevante que son utilizadas para elaborar
comunicados de prensa criticando la deficiente labor del
personaje o institución en cuestión.
Circunstancia que reportará beneficios de cualquier índole a
quien malversa la información oficial obviando este que,
esta cometiendo un delito tipificado en las Leyes vigentes
suponiéndole, en el caso de ser detectado, la incoación de
un expediente sancionador que finalizará con la pena
prevista.
Aunque, en la mayoría de las ocasiones este tipo de
actuaciones tan solo busca resarcirse de afrentas recibidas
siendo utilizadas generalmente por compañeros de formación
política, sindicatos o departamentos de la administración en
cuestión, obviando el daño perpetrado contra el colectivo al
que pertenece dicho individuo.
En definitiva, debería reflexionarse profundamente,
evaluando las consecuencias de la acción ilegal perpetrada
analizando la idoneidad de la actuación. No obstante,
considero que debería ser la clase política quien debiera
realizar esta reflexión, absteniéndose de implicar en sus
maniobras políticas a trabajadores expuestos a las sanciones
correspondientes.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
