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Los responsables de Unión,
Progreso y Democracia (UPyD) reniegan hoy, otra vez, de las
etiquetas políticas tradicionales de ‘izquierda’ y
‘derecha’. Dicen que son conceptos obsoletos y que la
modernidad va muy por delante de ambos, que en nuestros días
pueden ser entendidos con validez como ideas que sirven para
situar ideológicamente a una persona o a un colectivo o como
epítetos que encasillan y limitan el pensamiento de aquellos
a quienes se les adjudica.
Con lo público y lo privado ocurre algo muy similar. Durante
los últimos días en la ciudad autónoma se han escuchado
muchos argumentarios que han adolecido precisamente de eso,
de utilizar conceptos que, por el significado histórico que
se les ha atribuido, defenestran automáticamente aquello a
lo que se les asocia. Aunque en una mayoría de los casos
pueda haber sido así, la privatización no quiere decir
necesariamente que el servicio de una empresa vaya a
empeorar ni que sus empleados van a padecer penalidades de
forma automática.
Básicamente porque si eso ocurre será, máxime si se trata de
un servicio básico para la ciudadanía como el suministro de
agua, que es del que se está hablando ahora en la ciudad,
por una doble incapacidad de la Administración: primero,
para gestionar como es debido (en términos de servicio y en
términos contables, porque lo que no es de recibo y no
debería haberlo sido nunca es entender lo público como un
espacio donde las pérdidas no se tienen en cuenta aunque no
estén justificadas) la prestación en cuestión; segundo, por
no saber hacer el tránsito de la gestión pública a la
privada con los condicionantes adecuados. La Ciudad dirá hoy
qué piensa hacer, a la luz del informe elaborado por una
consultora externa, con Acemsa, pero lo importante, al
margen de que se privatice o no la sociedad, es que su
gestión sea buena, en manos públicas o privadas. Eso es lo
que más le importa a la ciudadanía que le garanticen sus
gobernantes.
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OPINIÓN / EDITORIAL
