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La Delegación del Gobierno en Ceuta está a la espera de
mantener la reunión con la Ciudad que solicitó el pasado mes
de septiembre para, a la vista de las obras de urbanización
que tiene previsto acometer en el entorno de la Delegación,
estudiar la posibilidad de solucionar los problemas de
accesibilidad que tiene la sede de la Delegación de Economía
y Hacienda en Ceuta actualmente habilitando “una nueva
puerta al zaguán del acceso principal”, opción preferida por
el Ministerio de Economía para resolver sus déficits de
accesibilidad.
Según ha explicado el Ejecutivo de Zapatero en una respuesta
parlamentaria el edificio de la Delegación de Ceuta, que
data de los años 50, cuenta con un problema de accesibilidad
que “debe resolverse en el exterior del inmueble, ya que
cuenta con un sótano que impide resolverlo en el interior
sin romper la estructura del forjado y vigas de dicho
sótano”, lo que según Fomento “no resulta aconsejable dada
la antigüedad del inmueble”.
Economía ya contrató en su momento las obras de ejecución de
rampas en el jardín lateral, compartido con la Delegación
del Gobierno, para resolver el acceso por la puerta lateral
del inmueble, pero la Delegación las vetó por motivos de
seguridad. Más tarde el Ministerio pidió a la Ciudad
autorización para ejecución de una rampa en el acerado, que
fue denegada por motivos urbanísticos y de creación de
barreras arquitectónicas en la vía pública.
“A la vista de los resultados de las gestiones”, ha
explicado el Ministerio, “se considera que la solución pasa
por habilitar el acceso a través del jardín lateral, por lo
que el 9 de agosto se ha dirigido escrito a la Delegación
solicitando nueva autorización y proponiendo nuevas medidas
de seguridad”.
En la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad, se estableció que el
Gobierno aprobaría las condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones, que serán de
obligado cumplimiento en los bienes y servicios nuevos de
titularidad pública en el plazo de cinco a siete años desde
la entrada en vigor de la Ley, y en los bienes y servicios
ya existentes y que sean susceptibles de “ajustes
razonables”, deberán realizarse en el plazo de doce a
catorce años.
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