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El agua se ha convertido, desde hace un par de semanas, en
uno de los temas más candentes de la actualidad de Ceuta al
presentarse la posibilidad de la privatización de ACEMSA, la
empresa municipal dedicada a la captación, desalación,
depuración y abastecimiento de agua de la Ciudad Autónoma.
Mañana lunes, la asesoría Deloitte & Touche, presentará en
el Consejo de Gobierno un primer borrador del informe que ha
realizado sobre la posibilidad de que ACEMSA pase a ser una
compañía privada.
Los trabajadores de la empresa son quienes se encuentran
ahora mismo en una situación de mayor intranquilidad, aunque
de momento la Ciudad ha asegurado que los empleados no
corren ningún riesgo.
El caso de Ceuta es un reflejo de la situación que
experimenta el conjunto de España, donde la privatización
del agua ha ido avanzando durante los úlitmos años. Con
distintas estrategias, desde la coparticipación pública y
privada, hasta la compra de terrenos o la venta por parte de
los Ayuntamientos de los derechos del agua, llegamos la
conclusión de que el 36% de la gestión del agua en España se
encuentra en manos privadas, mientras que el 11% lo manejan
empresas mixtas. Los datos de la Asociación Española de
Abastecimiento y Saneamiento muestran una tendencia al alta
en la privatización.
Pero, ¿cuáles son las ventajas y los peligros reales de la
privatización? Esta misma pregunta se hace Francisco
González Gómez, profesor del Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Granada y Especialista en
Gestión del Agua para Abastecimiento Urbano. A través de uno
de su últimos artículos, González ha intentado explicar los
pros y los contras de la privatización basándose en el
criterio de la eficiencia. “Tan eficaz puede ser la gestión
pública como la privada”, dice en conversación telefónica.
“El agua es un bien indispensable para la vida que
representa importantes connotaciones de tipo económico,
social y medioambiental”, dice al comienzo de su artículo, y
más adelante matiza que “lo deseable para el bienestar
social sería que el proceso privatizador se tradujera en una
mejora en la gestión del servicio”.
Hacia la privatización
Así, a favor de la privatización, y teniendo como objetivo
la mejora en la eficiencia de la gestión, González explica
que podría deducirse que una empresa pública tiene menos
incentivos y “menores posibilidades” que una empresa privada
“para llevar a cabo una actividad ”que pueda expresar “mayor
eficiencia empresarial”. Según esta teoría, la gestión
pública está condicionada por la “multiplicidad de objetivos
a cumplir”, que hacen que lo económico se vea relegado a un
segundo plano.
Por otro lado, las teorías en favor de la privatización
afirman que la administración pública de la gestión del agua
“tiene menos incentivos que la empresa privada para resistir
presiones que deriven en conflictos políticos”, por lo que
se terminan haciendo mayores concesiones a los trabajadores,
teniendo en cuenta también que “los trabajadores y sus
familias son también votantes”.
Asímismo González explica que las empresas privadas pueden
obtener financiación más fácilmente y que, en teoría, tienen
más flexibilidad y experiencia en su campo, además de que
como organismos especializados pueden mejorar el
mantenimiento de la infraestructura, dando mejor respuesta a
la demanda social.
En contra
El argumento más destacado para refutar la posición a favor
de la privatización reside según González en mantener que
“la propiedad en sí no es un factor determinante de la
eficiencia empresarial” sino la estructura de mercado en la
que actúa. En el caso del agua, pasar de un monopolio
público a otro privado “contravendría la lógica”, puesto que
al no existir competencia no hay un incentivo natural para
la empresa privada que le exija una contínua mejora de su
servicio. Este es un problema intrínseco al sector del agua
por tratarse de un monopolio de carácter natural y porque
existen muy pocas empresas “que dominan la mayor parte del
mercado”. En España, el 80% del negocio privado del agua lo
controlan Aguas de Barcelona y FCC a través de Aqualia.
Por otro lado existe el riesgo de que la empresa privada,
como ente creado para producir rentabilidad, podría imponer
unos precios superiores a los públicos para obtener
beneficios, con un margen por encima del cubrimiento de los
costes de producción.
Como explica González, cuando la gestión es indirecta, y
especialmente “cuando la totalidad del capital está en manos
privadas”, existe tensión entre los intereses de la empresa
y los del Ayuntamiento. En caso de necesidad de un aumento
de precio, éste último tiende a tomar como referencia la
evolución del IPC interanual e intentará que la subida “ no
se aleje mucho de la subida experimentada por la generalidad
de impuestos municipales. En todo caso, lo importante es
según González, que “como fruto de la concurrencia en el
proceso de adjudicación del servicio”, el precio del agua se
fijara “en el nivel mínimo de costes de producción sin que
ello fuera menoscabo de la calidad”.
Dejando a un lado los argumentos en favor y en contra, es
necesario también conocer los riesgos de la cesión, y
“contemplar la posibilidad de que existan fallos en el
contrato” que pudieran implicar un perjuicio para los
beneficiarios de la gestión”, en este caso todos los
ciudadanos.
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El mundo, también dividido en entre la privatización y la
gestión pública
A partir de los años ochenta la
corriente privatizadora del agua se ha extendido de forma
irregular a nivel mundial. Países como Inglaterra, Gales y
la República Checa son casos que ejemplifican la
privatización total de este recurso, mientras que otros como
Estados Unidos y Australia reparten a partes desiguales la
propiedad de las infraestructuras y su gestión entre
entidades públicas y privadas.
La concesión es una fórmula extendida en Francia, Portugal y
Hungría, y la gestión mayoritaria pública, de forma
exclusiva o no, se practica en Austria, Bélgica, Dinamarca,
Canadá, Grecia, Finlandia, Irlanda, Italia, Japón,
Luxemburgo, Polonia, Suiza, Corea y Suecia , según datos de
la Agencia para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OECD).
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PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
