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Las protestas contra la visita de los Reyes a Ceuta y
Melilla, que Marruecos considera dos ciudades marroquíes
usurpadas, pretenden fundarse en razones geográficas e
históricas. Los nacionalistas vascos y catalanes, como no
podía ser menos, apoyan más o menos veladamente esas
protestas –abiertamente en el caso de ERC, socio
parlamentario de Zapatero y socio gubernamental de Montilla,
es decir, del PSOE-porque comparten todo el razonamiento de
fondo, a saber: que la geografía y la historia imaginaria
deben determinar la política e imponerse a la democracia.
Como Ceuta y Melilla están en el norte de Africa y lindan
con Marruecos, entonces deben ser africanas y marroquíes. Es
una completa falacia que ignora, como no podía ser menos, el
valor y el significado del concepto de ciudadanía.
Desde España, y desde las mismas ciudades afectadas, suele
responderse a esa reivindicación étnico-geográfica con
contra-argumentos históricos y jurídicos. Que España lleva
en Ceuta desde el siglo XVI y en Melilla desde el XV,
etcétera. No es que estén de más, pero para lo que nos
importa son argumentos incompletos e insuficientes. Sobre
todo porque pueden entrar en la lógica contaminada de la
vindicación marroquí e hispanófobo-separatista (neologismo
divertido, ¿no?) ¿Qué es lo que nos importa?: pues la gente
que vive en Ceuta y Melilla, sus ciudadanos. La ciudadanía
se define en la práctica no tanto por los lazos jurídicos de
dependencia –los vasallos también tienen lazos jurídicos,
como también los tenían los esclavos- como por los derechos
y obligaciones autónomas que conlleva. Es decir, por las
libertades de cada persona en particular y su igualdad con
otras (sus iguales).
¿Cuál es el problema insuperable de la reivindicación
marroquí de Ceuta y Melilla? Sencillamente, que aceptarla –o
negociarla, que siempre es un inicio de aceptación-
significa ni más ni menos que aceptar convertir a los
habitantes de Ceuta y Melilla, ciudadanos de España con
todos los derechos y obligaciones intactos, en vasallos de
la monarquía alauita. Tal cosa es inaceptable: los
ciudadanos de Ceuta y Melilla tienen el derecho de esperar
la plena solidaridad de los ciudadanos de cualquier otra
parte de España, y viceversa, nosotros tenemos la obligación
de ser solidarios con ellos: ser sus conciudadanos. Aceptar
cualquier otra cosa es aceptar el fracaso de la democracia y
el vaciamiento del concepto de ciudadanía.
Una prueba en sentido contrario: Gran Bretaña, astuta y
experimentada potencia imperial y ejemplo de Estado de
derecho, siempre ha tenido el cuidado de no conceder la
ciudadanía a los habitantes de sus colonias, incluso aunque
les conceda un pasaporte británico especial. ¿Por qué?
Porque si los habitantes de Hong Kong o de Gibraltar,
pongamos por caso, fueran ciudadanos británicos de pleno
derecho, Gran Bretaña no podría jamás retroceder el control
de la colonia a la metrópoli original –China, y en su
momento España- sin violar su Constitución (que existe,
aunque no esté escrita). Es la inversa de la razón de fondo
por la que España tampoco puede negociar con Marruecos el
futuro de Ceuta y Melilla: porque equivaldría a negociar el
futuro de la democracia, que no se compone de territorios
–pese ahora lo piense el PSOE y siempre los nacionalistas-,
sino de ciudadanos que, naturalmente, viven en sus ciudades.
¿Dónde, si no? Esto, no la historia o el derecho
internacional, es lo que hace a Ceuta y Melilla ciudades
españolas: que están habitadas por comunidades de ciudadanos
españoles como nosotros. Comunidades que habrá que defender
por todos los medios si alguien las ataca violentamente.
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OPINIÓN
/COLABORACIÓN
