OPINIÓN - JUEVES, 1 DE NOVIEMBRE DE 2007

¿Genocidio en el Sahara?

Por Quim Sarriá

Ya entramos de nuevo, mi cerebro y yo, en una nueva era en el tramo ante penúltimo de mi camino. Una era que me rejuvenece, mentalmente, un poco y me abre una senda por la que seguir con ganas de trabajar. Encontrarse uno en paro forzoso, por la prejubilación parcial, conlleva un desgaste físico fenomenal motivado por el aburrimiento de no hacer nada. Al tiempo, que comenzará éste domingo.

Por otro lado, es el primer día de la Mochila que celebro en mi propia ciudad tras más de cuarenta años sin celebrarlo… veremos como me sientan las castañas asadas y demás frutos secos.

Abriendo brecha en las noticias que afectan a las cercanías de la ciudad, es un decir, aparece de nuevo el juez Baltasar Garzón en primer plano de los medios de comunicación con una nueva baraja justiciera sacada de la manga: ahora le ha dado por investigar si hubo genocidio en el Sahara sintiéndose competente para hurgar a trece altos cargos marroquíes por delitos diversos.

Me asombra la capacidad de trabajo del juez que fue ministro socialista. Abarca tantos y tan extraños pleitos que no me desconcertaría que se realizara, en un futuro cercano, una serie televisiva de jueces en la que él sería el protagonista estelar de la misma.

Quiere saber, nuestro juez más famoso, si hubo delitos de genocidio y torturas en relación con la desaparición de cientos de saharauis en Smara (1976) y secuestros en El Aaiún (1987). Lo hará a través de un auto sobre diligencias previas para estudiar la naturaleza y circunstancias de hechos denunciados por asociaciones de Derechos Humanos. Su punto de mira está dirigido a Housni Ben Sliman que dirigió, presuntamente, la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smarra y de Abdelhafid Ben Hachem, presunto supervisor de los interrogatorios bajo tortura y responsable de los secuestros. También tiene en su agenda otros responsables de supuestas detenciones, torturas y secuestros de ciudadanos saharauís: Said Ouasson, Abdelhak Lemdaour, Moustafa Hamdaoui, Dris Sbai, Ben Hima, Hariz El Arbi…

No soy, ni siquiera, un aprendiz de jurista y todo esto me suena a cosa rara. Ignoro si un juez español está capacitado jurídicamente para investigar asuntos de otros países existiendo, como existen, Tribunales Internacionales que son, creo yo, los únicos competentes sobre este asunto.

Otra cosa que ronda por mi mente es la cuestión económica: ¿con qué medios económicos afrontará este asunto? No veo los beneficios que espera conseguir, nuestro juez, si utiliza el Tesoro público para gestionar pleitos ajenos a nuestro país. ¿Las asociaciones de Derechos Humanos sufragan el posible alto coste de esa operación? Eso sin contar con la mala leche que le va a producir al vecino, que lo considerará como una injerencia, y las posibles consecuencias internacionales de la acción que pretende hacer. Ahí tenemos recientemente el caso de Pinocho, digo Pinochet.

El Gobierno español, sea el que sea, tiene un arduo sudoku que resolver con ésta salida jurídica. Si apoya sin ambages a los sahaurís en sus reclamaciones de cualquier índole, aparte de las de independencia respecto al país vecino…se meterá en tal lío político interno que la olla se irá por peteneras, y eso sin contar con las risas del respetable público internacional.

Si al fin y al cabo, merced a esas diligencias previas, encuentra destellos de culpabilidad en cualquiera de los investigados… ¿dónde los juzgará? ¿los secuestrará para poder juzgarlos en España? No creo que los presuntos sospechosos vengan, por su propia voluntad, para ser juzgados en un país extraño… y Ceuta en medio.

En mi humilde parecer, opino que Baltasar Garzón podría despojarse de su toga y, convirtiéndose en un ciudadano normal, presentar denuncia donde proceda internacionalmente contra los presuntos reos y que sea el Tribunal realmente competente el que los juzgue.

De todas formas, el precedente de los Estados Unidos acerca de la inmunidad de sus ciudadanos ante cualquier tribunal que no sea el de ellos mismos, servirá para polemizar ésta decisión jurídica del juez español metido en el papel de defensor del Bien internacional y no se decida a investigar las miles de muertes de gente inocente, que todavía sigue, a manos de esos mismos que se declaran inmunes a todo.

Soberbia tenemos. Digo esto último porque no es un secreto que los norteamericanos participaron, solapadamente, en el lío del Sahara español. La mano de la omnipresente CIA se notaba demasiado en la gente a la que ahora trata de investigar.