|
La cosa empezó cuando en España se
dieron cuenta de que no había suficientes jueces para
atender al aumento de juicios que la vida moderna generaba.
El cambio experimentado por las nuevas corrientes
económicas, por el aumento de población, por la aparición de
la inmigración masiva y por fenómenos como el terrorismo, el
nacionalismo o la apertura de las naciones a un ente común
supranacional, la UE, provocó que juzgados como los de lo
penal habituados a tener que resolver sobre hurtos,
agresiones y crímenes pasionales, se vieran obligados a
abrirse a otros delitos con los que anteriormente no se
contaba. La premura y urgencia hicieron que el Ejecutivo se
decidiera, con carácter excepcional, a incorporar a la
judicatura a jueces escogidos de entre los letrados en
ejercicio y juristas de reconocida solvencia con el fin de
cubrir las carencias registradas.
Las oposiciones a juez son duras y los licenciados que
quieran concurrir a ellas saben que van a tener que destinar
tres o cuatro años de su vida a preparase para ellas. Es
evidente que, cuando uno termina la carrera es como un
pichón que tiene alas pero que las plumas todavía son tan
cortas que no le permiten alzar el vuelo. Por buen
estudiante de derecho que uno haya sido y por muchas
matrículas que haya sacado eso no significa que, de golpe y
porrazo, esté en condiciones de iniciar la práctica de la
profesión.
Se supone que, cuando se establecieron unas oposiciones para
el cargo de juez, los que así lo decidieron sería porque
debieron pensar que, un recién salido de la universidad,
estaba verde para enfrentarse a la complejidad de un juicio
y, en especial, para un juicio penal en el que, aparte de un
conocimiento exhaustivo de la Ley Procesal y del Código
Penal, se necesita una preparación adicional que capacite al
neófito para enfrentarse a casos de cura resolución se pueda
derivar una condena de cientos de años de prisión o la
absolución de un sujeto que: o puede ser inocente, en cuyo
caso se comete una gran injusticia condenándole o viceversa,
si se permite que un criminal salga a la calle para poder
volver a delinquir. Seguramente la Justicia tiene necesidad
de modificarse; no hay duda de que necesita desprenderse de
una gran carga de burocracia que la ha convertido en una
pesada maquinaria incapaz de funcionar con la debida
diligencia; es evidente que precisa de más medios,
modernización y actualización de muchas de las leyes que se
han quedado obsoletas; pero todo ello no puede ser, en modo
alguno, en detrimento del derecho de los encausados o
querellantes a recibir de ella un trato equitativo y justo.
De ninguna manera por deficiencias de organización o por
falta de personal, los tribunales se pueden convertir en un
lugar de aprendizaje para jueces bisoños con ciudadanos que
piden recibir una sentencia justa y equitativa. ¿Qué clase
de Estado de Derecho tendríamos en España si estuviéramos
sometidos a los ciudadanos al albur de recibir una justicia
dictada por jueces novatos? El hecho de que se produjeran
sentencias poco trabajadas o equivocadas tendría por
consecuencia un incremento de los recursos que deberían ser
atendidos a la vez, por los tribunales superiores, que se
verían sometidos a una carga adicional de trabajo con la
consiguiente saturación de juicios pendientes de resolver.
No obstante, no nos debe causar extrañeza que, del señor
Fernández Bermejo, surjan esta clase de ideas ya que no deja
de asombrarnos con sus salidas de tono y con sus meteduras
de pata que, por cierto, obligan la pobre Vice de la Vogue,
señora Fernández de la Vega, a hacer horas extraordinarias
para comparecer, una y otra vez, ante la prensa para
desmentir, matizar o camuflar todas las sinrazones que se le
ocurren a este stalinista redomado que parece que, si por él
fuera, dejaría la toga colgada de la percha de la fiscalía y
se lanzaría a la calle al frente de una nueva Internacional
Comunista y su Frente Popular. Pero, cuidado con él, no se
olviden del refrán: “Más mal hay en la aldehuela del que se
suena”. Habrá que vigilarlo.
|
OPINIÓN / VERBA SEQUENTUR
