El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas Lara, ha
corroborado que el Ejecutivo autónomo “no ha mantenido
ningún contacto con Canal de Isabel II, ni con ninguna otra
empresa”, para negociar la venta de ACEMSA, tal y como
desmintió el Gobierno local al comunicado de Comisiones
Obreras. Sin embargo, Vivas no ha descartado la
privatización de los servicios del agua en un futuro. “Ni se
descarta, ni se afirma, porque es algo que está en el mundo,
pero antes de tomar una decisión será debidamente sopesada y
meditada, pensando siempre en el interés general”, dijo.
Para bien o para mal, la adopción de medidas se producirá
antes de que finalice el año en curso.
En esta línea, el responsable del Ejecutivo local aseguró
que el Gobierno de Ceuta está “inquieto y sensibilizado” con
las decisiones que se deberán tomar próximamente, en
relación a la gestión del ciclo integral del agua.
La entrada en funcionamiento de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR), la nueva red de abastecimiento, la
ampliación de la planta desalinizadora y las actuaciones que
se están llevando a cabo para mejorar los niveles de
telecontrol, son algunos de los acontecimientos que hacen
inminente actualización de la gestión. Evitando generar
ningún tipo de “alarma, ni en los empleados ni en nadie que
tenga que ver con el servicio del agua”, el presidente de la
Ciudad habló de la necesidad de promover estudios,
elaborados por personas cualificadas, para analizar la
actuación llevada a cabo por el resto de provincias
españolas en materia de gestión del ciclo integral del agua.
Por este mismo motivo, para evitar la inquietud de la
sociedad, Vivas aseveró que su Gobierno se caracteriza por
tomar decisiones de manera “reflexiva, sopesada y después de
haber analizado todas las posibilidades”, añadiendo “que
nadie piense que esto es el prólogo de una privatización del
servicio de agua porque no lo es en absoluto”, aunque
tampoco lo descartó.
Para ello, el Ejecutivo local ha encomendado un informe, a
una empresa externa, con el objetivo de conocer las
fortalezas y debilidades de la ciudad autónoma, así como las
medidas a aplicar para mejorar los niveles de eficacia, “en
beneficio del servicio público y, por tanto, de los
ciudadanos”, aseguró en todo momento Vivas.
El estudio, encargado por la Consejería de Hacienda de la
Ciudad Autónoma, tiene una base teórica y experiencia
contrastada, en función de lo que está ocurriendo en el
resto del país. Está previsto que el informe esté concluido
antes de que finalice el año, momento en el que el Gobierno
de Ceuta deberá tomar decisiones acerca del futuro de los
servicios de agua.
Según el presidente, “veremos los estudios, los analizaremos
entre todos y se originará el consiguiente debate
constructivo para proceder a la toma de decisiones más
beneficiosas”.
Desde la Ciudad también se vaticina que el informe no
planteé una sóla opción para mejorar los niveles de
eficiencia, sino que aporte varias alternativas, ampliando
así el debate posterior.
Personal de ACEMSA
El comunicado de Comisiones Obreras, en el que se aseguraba
que la Ciudad estaba negociando la venta de la Empresa
Municipal de Aguas, no ha dejado indiferente a nadie y ha
creado malestar en ciertos sectores de la sociedad.
Por su parte, el responsable del Ejecutivo local mostró su
“reconocimiento y consideración más absoluta al
extraordinario trabajo que realiza el personal de ACEMSA, de
la desaladora y todo aquel implicado en la gestión y
tratamiento del agua”.
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La privatización de los servicios del agua, tendencia al
alza
La privatización del agua va
avanzando según demuestran todas las estadísticas. Según
datos de la Asociación Española de Abastecimiento y
Saneamiento, el 36% de la gestión del agua está en manos
privadas y el 11% está en manos de empresas mixtas. Las
estrategias para la privatización de la agua son muy
variadas en función de cada municipio. A nivel nacional, las
empresas Aguas de Barcelona y FCC -a través de Aqualia-
controlan el 80% del negocio privado del agua. Sobre el
papel, los defensores de las privatizaciones defienden que
estas permiten una correcta imputación de los precios y de
la rentabilidad esperada a los distintos bienes de capital
que coadyuvan al suministro de agua, mientras que los
detractores creen que acarrea más peligros que beneficios.
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