El derecho a que le dejen a uno
recrearse y crecerse mientras toma sorbos de aire limpio,
traspasando el medio ambiente, es ya una vieja canción que
todos sabemos. Pues nada, de nada sirve. Más que nunca, a
pesar de estar todo atado con leyes y más leyes, hace falta
reivindicarlo. La irresponsabilidad es manifiesta. Ahora se
publica otra nueva normativa encaminada a reparar el daño
causado, claro está con independencia de las sanciones
administrativas o penales que también correspondan, y la
incredulidad reconozco que me embarga. No se ha hecho otra
cosa que legislar y esto no ha frenado los agentes
contaminantes. Lo de quien contamina, paga; también es otra
cantinela que ya nos conocemos. Pues venga, que sea verdad.
Aquí lo que hay que hacer es actuar más y legislar menos. O
sea, aplicar la ley sin titubeos contra aquellos (entre los
que está a veces incluida la propia administración) que
intoxican fuentes, ríos y mares; contra los que dañan la
flora y la fauna injertando colmenas de hormigón; en
definitiva, contra los violadores de la belleza natural.
Infractores que campean a sus anchas, a pesar de sus
persistentes desobediencias.
Quizás habría que utilizar los resortes de prevención
ambiental con mayor eficacia y tesón. Ya me dirán cómo se
pueden devolver recursos naturales cuando el daño es tan
extremo que ya no existen como tales. Con una mera
indemnización dineraria no es posible devolver paraísos
perdidos, especies silvestres innatas a un hábitat que se ha
destruido, riberas de un mar o de rías cuajadas de mezclas
nocivas por actividades económicas o profesionales. En
consecuencia, la nueva ley de responsabilidad medioambiental
que entra en vigor el 25 de octubre, aunque sus efectos se
retrotraen al 30 de abril de este año, salvo lo dispuesto en
los capítulos garantías financieras e infracciones y
sanciones, poco o nada va a aportar a lo que ya reconoce el
artículo 45 de la Constitución de “derecho a disfrutar de un
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona,
así como el deber de conservarlo”; articulado complementado
por otras normas expansivas.
Las irresponsabilidades ambientales es más un tema de
educación que un tema que exige normas y más normas. Téngase
en cuenta que ya estaba previsto por el legislador
establecer sanciones penales o, en su caso, administrativas,
así como la obligación de reparar el daño causado. ¿Qué se
ha hecho al respecto? Hasta ahora muy poco, por no decir
nada, para salvaguardar el entorno natural y la utilización
racional de todos los recursos naturales. La solidaridad
colectiva tiene otros rumbos más estéticos, exige cambio en
los modos de vida y en la manera de vivir. En todos,
ciertamente, está invertir cuidados que pasan por la ética y
la conciencia, tanto en el modo de producción como en el de
consumo. Por ejemplo, que España sea el tercer país del
mundo con mayor número de Reservas de Biosfera es una buena
noticia educadora y educativa para reducir la pérdida de
biodiversidad, mejorar la calidad de vida y elevar las
condiciones sociales, económicas y culturales, necesarias
para un medio ambiente sostenible. Uno es para siempre
responsable de lo que le han concienciado. Al final, la
persona instruida y sensata puede arrimarse al fuego, pero
sólo el irresponsable se queda viendo la llama y no haciendo
nada por remediar la quema. Las leyes por sí mismas pueden
cortarnos las alas, pero jamás pensaremos por nosotros
mismos que el total es lo que importa. Y a la primera de
cambio, seguiremos con los hábitos de la negligencia y
abandono.
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