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Tras varias Sesiones Plenarias soporíferas el Palacio
autonómico recibirá hoy una propuesta de enjundia política e
incuestionable repercusión social, la relativa a la
modificación y el establecimiento de Ordenanzas Fiscales
para el próximo año que ha elaborado el consejero de
Hacienda, Francisco Márquez, uno de los pocos que parecen
llamados a tales desempeños.
En realidad, la iniciativa pone patas arriba, en términos
políticos tradicionales, las posiciones habituales de la
derecha y la izquierda. El PP, que sobre el papel debería
defender el adelgazamiento de la carta tributaria es el
defensor de la propuesta mientras que el PSOE ya se abstuvo
el lunes en la Comisión del ramo y la UDCE se opondrá a
activar mayores gravámenes argumentando precisamente que lo
que Márquez llevará hoy a Pleno es “una subida de
impuestos”.
En realidad, en su propuesta, a cuyo tenor literal ha tenido
acceso este periódico, el consejero no niega la mayor pero
sí subraya que su propuesta está inspirada en los principios
de “justicia, generalidad, igualdad, progresividad,
equitativa distribución de la carga tributaria y no
confiscatoriedad”, así como en los de “proporcionalidad y
eficacia”.
Ayer, al ser preguntado por su opinión sobre la misma, el
presidente de Ceuta le añadió varios parabienes más: que es
“oportuna”; que persigue “racionalizar” la gestión de los
tributos propios de la Ciudad; que contribuirá a “dar
facilidades al contribuyente” mediante la unificación de
recibos y que es “sensible” a determinadas situaciones
sociales “necesitadas de apoyo”.
Ocho puntos
Resumidamente, la reforma fiscal de Márquez está formada por
ocho puntos: 1) introducir un nueva tasa por la prestación
del servicio de gestión de neumáticos fuera de uso; 2)
gravar por kilogramos y no por toneladas métricas la
prestación del servicio de depósito y tratamiento de
residuos sólidos; 3) crear una nueva tasa por alcantarillado
relacionada directamente con el consumo de agua; 4) revisar
el impuesto de recogida de basuras e incorporarlo a la
factura del agua; 5) modificar el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) para, por un lado, incrementarlo de aquí a
2017 y, por otro, introducir nuevas bonificaciones; 6)
facturar el aprovechamiento especial y/o uso privativo del
dominio público a las empresas de telefonía móvil.
Resumidamente, para la oposición lo que se plantea es una
“subida de impuestos” en toda regla que, según los analistas
de UDCE-IU tiene difícil justificación en algunos casos,
como el del alcantarillado, sobre servicios “que en muchas
barriadas ni siquiera se están prestando como debieran o,
peor aún, que ni siquiera existen”.
Farragosa, y no en sentido negativo, como pocas, la
propuesta de Márquez repercutirá en mayores ingresos para la
Hacienda local en tanto que las nuevas tasas cargarán con 18
céntimos el kilogramo de neumático importado o fabricado en
Ceuta (el importe podrá ser devuelto a quienes los
exporten); con 11 céntimos el kilogramo de residuos
depositados en la Planta de Transferencia y con 25 céntimos
por cada metro cúbico consumido, además de otros factores
fijos, en concepto de alcantarillado.
En este último caso se podrán beneficiar de bonificaciones
del 50% los mayores de 65 años y las familias numerosas en
su factura.
La recogida de residuos sólidos urbanos se tarificará en
función de la calle donde se encuentre la vivienda en
cuestión con una cuota fija mensual de entre 1,25 y 2,80
euros; mientras que la del IBI queda establecida en un 0,52%
de tipo único de gravamen que se incrementará anualmente en
un 0,03%, aunque podrán ver bonificado el 50% de su cuota
durante los 10 primeros años “las VPO y equiparables” y del
20% los inmuebles con sistemas para el aprovechamiento
térmico de la energía solar.
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propuesta
