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El Grupo Parlamentario Mixto en el Senado registró ayer una
moción para instar al Gobierno, previo debate en Comisión, a
que modifique el Real Decreto que regula las bonificaciones
al transporte aéreo y marítimo y amplíe sus posibles
perceptores a todas las nacionalidades de una forma
“progresiva” y ateniéndose al tiempo de residencia legal que
lleven en España. El Grupo cree que así se beneficiará la
“plena integración” de los no comunitarios y no se les
discriminará injustamente.
El Grupo Parlamentario Mixto (GPM) presentó ayer una moción
en el Senado a iniciativa del senador del Bloc per Mallorca
i Psm-Verds por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
Pere Sampol i Mas, para instar formalmente al Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero, previo debate en Comisión, a
que su Consejo de Ministros reforme el Real Decreto
1316/2001 para regular “de manera progresiva” la
bonificación en las tarifas de los servicios regulares de
transporte aéreo y marítimo “a todos los residentes en las
Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Balears y en
las Ciudades de Ceuta y Melilla, aplicando criterios de
tiempo de residencia legal y dando prioridad a los viajes
realizados por imperativo administrativo o legal”.
En el texto de su propuesta el senador recuerda que el
Decreto en cuestión, que regula la bonificación en las
tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y
marítimo para los residentes estrapeninsulares, establece
que los descuentos solamente serán aplicados “a los
ciudadanos españoles y de los demás estados miembros de la
Unión Europea o de otros estados firmantes del acuerdo sobre
espacio económico europeo”.
“Este precepto”, considera Sampol i Mas, “excluye a los
colectivos de ciudadanos residentes en los citados
territorios de procedencia fuera de la Unión Europea, hecho
que provoca una discriminación a decenas de miles de
ciudadanos que trabajan, cotizan a la Seguridad Social y
contribuyen con sus impuestos a impulsar nuestra economía”.
“Difícilmente”, lamenta el parlamentario balear, “podemos
pretender la plena integración de estos colectivos cuando no
les hacemos partícipes de los derechos que disfrutamos el
resto de residentes por el hecho de ser miembros de la Unión
Europea”.
Además, el GPM, que cifra el coste de su propuesta en “unos
10 millones de euros”, añade que el Gobierno debe tener en
cuenta no sólo el aspecto económico de esta medida, sino
también “la precaria situación económica y social de un
colectivo importante de trabajadores que, en algunos casos,
se ven obligados a viajar para realizar determinados
trámites administrativos”, viajes que la ausencia de
consulados extrapeninsulares obliga a realizar regularmente.
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