OPINIÓN - SÁBADO, 20 DE OCTUBRE DE 2007

¿Constitucional?

Por Quim Sarriá

A punto de pasar el tramo decisivo, que puede llevarme o no a buen puerto, aprovecho la espera para continuar mi contacto con los lectores de El Pueblo de Ceuta, como un hábito al que me niego dejar, y seguir escribiendo cosas que a algunos le suenan a perogrulladas, bien lo sé, pero que al fin y al cabo no deja de ser una opinión, personal desde luego, que dejo plasmada a través del portátil.

Establezco, dentro de mi opinión, que el Tribunal Constitucional no puede ni debe ser un campo de batalla político entre representantes de diversas tendencias que ventilan sus cosas por encima de lo que tiene que ventilar un Constitucional.

Me suena a choteo que se ponga en juego intereses personales de sus miembros y dejen para otra ocasión los asuntos pendientes que el alto tribunal tiene en el carro de las desavenencias políticas.

La actitud del PP, en su plan preconcebido de impedir gobernar a los socialistas, sea como sea, es adoptada por los miembros conservadores del Constitucional y ello anula por completo las garantías, que dicho Tribunal puede llegar a ofrecer en la supuestamente neutral actuación, sobre sus dictámenes.

Recusaciones, abstenciones, etc., esas aberraciones están a la orden del día en el seno del mismo y la última e incomprensible actuación sobre apartar a la propia presidenta del órgano, María Emilia Casas, de las deliberaciones sobre el recurso del PP contra la continuidad de la misma.

Las democracias modernas se basan en Constituciones dotadas de valor normativo garantizado en forma cada vez más extendida por órganos encargados del control de constitucionalidad, que ejercen la jurisdicción constitucional.

Es el regulador de la convivencia y centro de equilibrio del sistema de poderes y el derecho de depuración de normas contrarias a los mandatos constitucionales ¿no?

La Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, que modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y en su artículo 16, punto 3, establece que el mandato de los magistrados será por nueve años, renovándose el Tribunal por terceras partes cada vez.

A partir de ese momento se producirá la elección del Presidente y del Vicepresidente, si el mandato para el que fueron designados no coincidiera con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados. ¿Por qué no modificaron, cuando el PP gobernaba, ese artículo?

Aclarado el asunto con la propia Ley Orgánica, las actuaciones de los miembros del mismo ya raya en el límite de lo esperpéntico y más se parece a una de esas luchas circenses entre dos equipos de musculosos luchadores que de serios magistrados. Porque el recurso presentado por el PP es contra la propia Ley Orgánica de este tribunal, concretamente contra el artículo, que cito arriba, que permite prorrogar los mandatos automáticamente.

Si el presidente del Constitucional fuera un conservador… ¿el PP habría recurrido?, dejen que me ría.

Ya sabemos, de sobras, que los peperos son malísimos perdedores y como tales, además de jugadores fulleros, buscan los tres pies al gato en intentos de imponer sus tesis retrógradas y ancladas en el siglo XIX, cuando tenían las venas de colonialistas y totalitarios mientras el país vivía en la miseria, como esos cuarenta años de ingratos recuerdos para la inmensa mayoría de los españoles.

Por lo que se ve, les molesta que el propio ciudadano de a pie se enriquezca y para ello, cada vez más, ponen inconvenientes al progreso al que estamos lanzados, con burdos pretextos como el de la descomposición del país… que en realidad es un invento de ellos mismos por cuanto las pretensiones separatistas son solo eso: pretensiones.