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Una muestra de hasta donde este
Tripartit que padecemos en Catalunya está supeditado al
chantaje de sus socios la tenemos en los recientes fracasos
cosechados por la Generalitat en materia de transportes de
cercanías y de suministro eléctrico. El tirar cada uno por
su lado, les ha colocado en una delicada situación; pese a
que hayan procurado disimular. Más del cincuenta por ciento
de los catalanes, según las encuestas, culpan al Ejecutivo
de negligencia y falta de reacción ante situaciones como las
vividas en los últimos meses. Es evidente que ni Montilla es
la persona más adecuada para ocupar el cargo de President ni
los que le asesoran son los más idóneos para sacar al país
de esta deriva comunistoide a la que se ve abocado.
El novedoso Pacte per l’Habitatge, que se firmó estos días,
en la Generalitat de Catalunya, (de cuya constitucionalidad
tenemos serias dudas), parte de principio de una
discriminación por razón de edad por cuanto se tiende a
favorecer a la población joven. Si, es cierto que a los
mayores se les dan algunas migajas, pero el fuerte de la
propuesta está encaminada a lograr el voto joven. Se trata
de una ley incautatoria, oportunista (estamos en periodo
preelectoral) y dudosamente financiable (se habla de 8.221
millones de euros). Una cosa queda clara: se ha beneficiado
a los promotores de la construcción y, además, esta ayuda de
la Generalitat, les llega en un momento muy oportuno cuando
se empiezan a sentir síntomas de desaceleración en la
construcción, se ha producido un parón en la venta de
viviendas y las hipotecas se están encareciendo. No es raro
pues, el entusiasmo con el que se han adherido al proyecto
del señor Saura y la señora Mayol los más genuinos
representantes del capitalismo puro y duro; los que más se
han beneficiado de la especulación urbanística y que se han
enriquecido a costa de los bolsillos de la sufrida clase
media: el Gremio de Constructores. Vean el suculento bombón
que han conseguido: suelo proporcionado por los
ayuntamientos de más de 5000 habitantes; y poder construir
un porcentaje elevado de vivienda de precio libre a un coste
del suelo más barato. Un negocio redondo y, además, con
financiación privilegiada.
Cuando se convierta en Ley, los propietarios deberán
alquilar sus pisos, bajo la amenaza de que se los incaute la
Administración. Para su puesta en práctica se necesitarán
varios años y comportará un verdadero alud de recursos y
reclamaciones. Para poder expropiar será preciso que, antes,
sea declarado el incumplimiento de la función social de la
vivienda. Recursos, apelaciones y demoras por saturación de
los juzgados, pueden convertir la aplicación de la ley en
algo parecido a una casa de “tócame Roque”. Por otra parte,
limitará la posibilidad del propietario de vender el
inmueble, de precisar hacerlo porque, un piso alquilado,
pierde valor en venta. Otra incógnita, ¿a qué precio se
deberá alquilar?, ¿compensará al propietario la inversión
que hizo al comprar la vivienda?, ¿se podrán añadir lo
gastos de Comunidad al alquiler?; en fin, un verdadero
galimatías jurídico. El oportunismo sobre lo racional.
Todo muy vendible para los electores, pero, ¿qué hay de
estimular a la juventud al estudio?, ¿qué de erradicar el
vicio, fomentar el trabajo, apoyar la excelencia y
enseñarles a ganarse la vida con su propio esfuerzo? ¿No
sería preferible imbuirles que, para tener algo, se lo deben
ganar por si mismos? Porque estos “regalos” no los pagan los
“consellers” de la Generalitat ni tampoco los promotores de
obras; todo saldrá de nuestros bolsillos, de los ahorros y
del trabajo de los ciudadanos que ven como se le aumentan
los precios del pan, la leche, la carne, el pescado, las
verduras y las hipotecas en tanto los salarios se quedan “
en la nevera” como se comenta en un anuncio. Así da gusto,
señor Saura y señora Mayol ponen las ideas y se cuelgan las
medallas, mientras los demás tenemos que preocuparnos de
hacer ricos a unos cuantos a expensas de nuestros escuálidos
bolsillos. Así se hace nación, ¡si señor!
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OPINIÓN / VERBA SEQUENTUR
