El delegado del Gobierno en Ceuta, Jenaro García Arreciado,
espera que el proyecto de Ley por el que se reconocen y
amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes
padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y
la Dictadura, más conocido como Ley de la Memoria Histórica,
tenga una “utilidad práctica inmediata”: la declaración de
“ilegal” del fusilamiento que acabó con la vida “del ex
alcalde de Ceuta Antonio López Sánchez Prados y otros
ceutíes”.
A preguntas de los periodistas Arreciado reconoció ayer que
aunque en Ceuta no hubo enfrentamientos tan cruentos como en
el resto de España durante la Guerra Civil “sí se
registraron purgas posteriores y juicios ilegales sobre los
que este proyecto de ley debería tener su repercusión para
restituir su recuerdo y su dignidad”.
La Ley de la Memoria Histórica, aprobada por el Consejo de
Ministros el día 28 de julio de 2006 en virtud de un
compromiso del presidente Zapatero, aún está pendiente aún
su aprobación en el Congreso de los Diputados.
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