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El ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Jesús Caldera, tuvo que aguantar estoicamente la
realidad de las cuentas reales de los gastos que en materia
de Menores Extranjeros No Acompañados, de Acción Social y en
políticas activas de Empleo supone para Ceuta. Se lo dijo
bien clarito Juan Vivas. Los números no engañan. Son frios
testigos nada demagogos de la verdad manifiesta del día a
día.
Respecto de los famosos MENA, la Ciudad Autónoma sufraga más
del 65% del coste anual [para 2007 el gobierno central aún
no ha ingresado su parte de 2’7 millones y estamos en mitad
de octubre. Sólo a dos meses de acabar el año]. Es, sin duda
una situación financiera singular por llamarla de algún
modo. Y aún peor. El hecho de contar con un consulado
marroquí en nuestra ciudad provoca -para más inri- que
Marruecos no reconozca a los menores llegados a Ceuta como
propios y nos los admite por la frontera [una también
singular muestra de ‘fortaleza’ de España como país octava
potencia del mundo].
En cualquier caso, también la Ciudad aporta nada menos que
un 65% de financiación a los distintos y variopintos
programas de acción social y el 35% es lo que aporta la
Administración General del Estado [sin computar aquí el
gasto generado por las políticas activas de Empleo,
Educación, Vivienda, prestaciones sanitarias o programas en
favor de la mujer]. Son los números y esos son los datos. En
políticas activas de Empleo la Ciudad aporta 3 millones de
euros.
Caldera vio, oyó y firmó en una visita diplomáticamente
correcta, sin más. Unos convenios en los que no están
contemplados aún la cláusula de actualización del IRPF,
situación que queda por resolver a partir de 2008.
Se han firmado y poco más. No es como para tirar cohetes. La
Administración General del Estado, tampoco en esto, puede
sacar mucho pecho en relación con su compromiso con Ceuta,
su evolución y su futuro.
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OPINIÓN / EDITORIAL
