OPINIÓN - VIERNES, 5 DE OCTUBRE DE 2007

Interpretación de las leyes

Por Quim Sarriá

Ya estoy de nuevo en mi ciudad, en nuestra ciudad, dispuesto a seguir dando batallas, posiblemente perdidas, en el diario. De momento no entraré de lleno en la labor que me tienen encomendada porque el doctor me ha exigido reposo absoluto durante tres días. Sin embargo, como soy la mar de inquieto y tengo como compañeros, más inquietos aún, a nueve dedos y medio guiados por unas células grises que pintan canas, aunque protesten de que no son ancianas, heme aquí de nuevo tecleando con gusto.

Creo, -en base a mi propia opinión que es refrendada por el artículo 20 de la Constitución Española del 27 de diciembre de 1978, mediante el cual se me reconoce y protegen, y a todos los españoles, los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción (punto 1, apartado a), respetando por supuesto lo señalado por el artículo 18, así como a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión (apartado d) y todo ello sin que me puedan restringir estos derechos mediante ningún tipo de censura previa (punto 2)- que nuestros políticos, de los dos bandos más importantes, declinan a su entero favor la interpretación de la propia Constitución de manera que se adapte al juego por ellos mismos propuesto.

Veamos, opinando sobre el referéndum que pretende convocar el lehendakari Ibarretxe podemos ver que no es ilegal de la manera con la que pretenden presentar a la opinión pública, la mencionada propuesta, el Presidente del Gobierno y más aún el presidente del PP, éste con demasiada insidia y mal gusto planteado, porque la propia Constitución permite organizar éste tipo de convocatoria. Solamente el Gobierno es el responsable de aceptar que se celebre o no. No puede, de ninguna delas maneras declararla ilegal, ni mucho menos Rajoy puede exigir que vayan a la cárcel los responsables de esas convocatorias.

Si bien el Rey es el que convoca un referéndum en los casos previstos por la Constitución (art. 62) es el Presidente del Gobierno el que hace la propuesta mediante autorización para la convocatoria de consultas populares mediante referéndum (art.149, 32) en base a lo que se decida por las Comunidades autónomas según los artículos 151 y 152. O sea que el presidente de una Comunidad autónoma puede solicitar la celebración de un referéndum y el Presidente del Gobierno concederla o denegarla. Punto muy claro por lo que sobran las exclamaciones fuera de tiempo de que se trata de una propuesta ilegal. Al menos, para aclarar este punto, la propia Constitución debería ser modificada en el sentido de dejar muy claro su articulado porque tal cómo está actualmente redactada da mucha bola a la libre interpretación de la misma.

Por otro lado, si vemos que la Disposición Transitoria 4ª, de la misma Constitución, da valor legal a la convocatoria de referéndum por parte de la Comunidad Foral de Navarra… ¿Por qué esa supuesta discriminación con las demás Comunidades autónomas?.

Dejemos claro el asunto y no busquemos polillas donde no las hay. Primero, si un presidente del gobierno de Comunidad autónoma solicita al Presidente del Gobierno del país celebrar un referéndum, es éste último el que tiene la última palabra: aceptar y proponerlo al Rey o no aceptarlo y mandar a hacer gárgaras al iluso presidente autonómico. No veo ningún problema en ello, ni ninguna ilegalidad. ¿Para qué armar tanto revuelo?... será porque no las tiene, el Gobierno y con él el principal partido de la oposición, todas consigo y conocen que les puede salir el toro fuera del ruedo. Agarrarlo por los cuernos y el rabo no es la mejor solución, la mejor solución es torearlo con el diálogo y, suavemente, con una negativa, en su caso, dentro de las normas democráticas amparadas por la propia Constitución. ¡Menudos políticos tenemos! Ninguno de ellos son auténticos toreros, del ruedo político, no del de verdad que de ahí salen directos a la enfermería.

Esta exposición de mi opinión no significa otra cosa que eso: exponer mi opinión y nada más. Sabios sobre leyes los hay a montones, yo no lo soy, lo malo es que muchos de esos sabios pretenden ofrecer su propia versión, aprovechando que los que le escuchan no la conocen clara y profundamente, con fines confesables o inconfesables. A la postre resulta lo mismo: el que gobierna siempre tiene razón, sino manda a las Fuerzas de Seguridad del Estado, que con su fuerza avienen a razones a cualquier díscolo presidente autonómico… con denuncias judiciales y prisión encima.

¿No te jode este tipo de democracia?