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El jefe de Habilitación de Nóminas de la Ciudad Autónoma,
Francisco Martínez Racero, se cubrió las espaldas en mayo
pasado frente a las posibles indagaciones que “cualquier
órgano judicial” o el Tribunal de Cuentas realizase en el
futuro como la que este último órgano fiscalizador está
realizando ahora, según algunas fuentes de forma presencial
y según otras a distancia, sobre el ‘caso Nóminas’. Así lo
hizo, al menos, en relación con la no devolución a las arcas
públicas de los 7.663 euros que el ex jefe de Área de
Control Presupuestario, Emilio Lozano, percibió
irregularmente por ese desempeño de acuerdo con la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Contencioso en febrero. Racero
redactó entonces un informe dirigido a Intervención en el
que se pronunciaba a favor del reingreso de ese dinero pero
dejaba claro “en caso de que no se produjera esta
Habilitación queda exonerada de cualquier responsabilidad
económica, administrativa, civil o penal”.
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irregularidades
