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Si anteayer fue el departamento de Policía Local de UGT,
convertido en adalid de la defensa del estudio de equipar
con pistolas eléctricas Taser al cuerpo, ayer fue UDCE-IU
quien, también a través de un comunicado de prensa, advirtió
a la opinión pública y al propio sindicato de que en la
ciudad autónoma dichas armas estarían “en la alegalidad”.
La “inexistente” reglamentación al respecto que existe en la
ciudad autónoma deja a las pistolas eléctricas Taser “en la
alegalidad”, término que según UDCE-IU “viene respaldado por
el último informe de Amnistía Internacional del mes pasado,
titulado ‘Voltios sin control’”. “De algo de lo que no se
puede demostrar totalmente su legalidad dudamos de su
eficacia y por ende rechazamos su aplicación”, insistió la
coalición que dirige Mohamed Ali, que como el PSOE ceutí se
ha posicionado contra la adquisición de este tipo de armas
para la Policía Local de Ceuta.
Según el primer grupo de la oposición en la Asamblea “el
único aval de esta pistola procede de la empresa fabricante,
que la califica de ‘arma no letal’ apoyándose en informes
médicos no del todo creíbles efectuados sobre cuerpos
sanos”, por lo que la coalición de izquierdas entiende que
“es evidente el peligro que entraña un ataque con estas
armas a personas bajo el influjo de medicamentos o de
drogas, que padezcan una enfermedad grave, crónica o del
corazón”.
¿Riesgo marginal?
Para UDCE-IU tiene tanta o más verosimilitud el juicio de la
“multitud de expertos” que han advertido de que “una
descarga de este tipo [hasta 50.000 voltios] aumenta el
riesgo de un ataque cardíaco en estas personas” que el de la
empresa que fabrica estas armas, que califica esta
probabilidad de “riesgo marginal” contra lo dicho por
“informes de reconocido prestigio y credibilidad”. “Es por
todo ello”, concluye la formación de Ali, “y por el más que
evidente peligro para la salud de los ciudadanos por lo que
volvemos a rechazar enérgicamente su aplicación”. Además,
recordó que estas armas “no se encuentran generalizadas en
España” y que en algunas Comunidades Autónomas “se excluye
explícitamente de la dotación policial” mientras que en
otras como Ceuta “la reglamentación es ambigua o
inexistente”.
Aunque fuentes de la Consejería de Gobernación han negado
rotundamente que nunca se haya estudiado la posibilidad de
su adquisición el grupo de Ali anunció ayer que en la
próxima Sesión Plenaria de la Asamblea presentará una
interpelación a su titular, José Antonio Rodríguez, para que
este “deje claro su posicionamiento y la intención del
Ejecutivo local”.
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