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Hemos visto, oído y leído estos
días los agravios que por parte del parlamentario vasco
Iñaqui Anasagasti Olabeaga se han venido realizando a S.M.
el Rey; las manifestaciones de miembros de la Generalidad de
Cataluña, el Sr. Mas por ejemplo, de amenaza con que si no
se aprueba por el Tribunal Supremo el Estatuto de la región
se irá a un referéndum para su implantación; la amenaza,
también, por parte del Lendakari vasco de someter a
referéndum la independencia de esta autonomía; el no
cumplimiento de la “ley de banderas” inclusive en municipios
u organismo dirigidos por miembros del PSOE y la quema de
retratos del monarca español delante de las narices de la
policia catalana.
O sea: todo un rosario de acciones delictivas consentidas
por quienes, en su día, aprobaron democráticamente la
Constitución Española participando en un referéndum a estos
efectos y, consiguientemente, obligándose al respeto de sus
normas y leyes y cumplimiento de las mismas. Referéndum que
obtuvo cerca de un 90 % de votos afirmativos con una
participación del 68 % del censo electoral. Sin embargo, el
Estatuto Catalán fue aprobado con un 49 % de votantes y las
últimas elecciones al País Vasco dieron como resultado solo
un 34 % de votos a favor del Partido Nacionalista que ahora,
unilateralmente, sin contar con el resto del pueblo español,
quiere promulgar la independencia (los partidos PSOE y P.P.
juntos suman 20 escaños mas en el parlamento vasco que dicha
fuerza nacionalista).
Y se olvidan, unos, de que la persona del Rey, según la
misma Constitución antes mencionada, es inviolable y otros,
de que si su Comunidad Autónoma no cumple las obligaciones
que la Constitución u otras leyes les impone o actúan de
forma que gravemente atenten al interés general de España,
el Gobierno puede adoptar las medidas necesarias para hacer
que se cumplan dichas obligaciones.
Pensamos que se viene permitiendo, por parte del “Gobierno
de España”, como ahora se ha dado en llamar, una constante
transgresión a nuestras normas y leyes básicas de
convivencia como son la Constitución Española y los mismos
Estatutos de Autonomía de cada región que establecen las
competencias y límites territoriales de las mismas. Y es
llegado el momento, pensamos, antes de que se generalicen
las acciones delictivas que se vienen llevando a cabo,
actuar con firmeza, sin paños calientes. Con el “Ibarreche
se equivoca de país, de continente y de siglo”, acusándolo
de “desvariar” o con el “lo escucharé y él me va a escuchar
a mi” no se arreglan éstas tan profundas diferencias que ya
existen entre un gobierno al que hemos dado la aprobación
todos los españoles que participamos en el proceso electoral
a las Cortes Generales y estos políticos que quieren
desmembrar el mapa de la nación española teniendo la
intención de crear nuevos estados, no ya solo con el
territorio de su región, sino con Navarra y parte de
territorio francés (por el grupo nacionalista vasco) y
Valencia y Baleares (por varios partidos catalanes).
Señores: hay que decirlo alto y claro. Hay que señalar de
una vez por todas que el Gobierno, con todos los medios que
le permiten las leyes, impedirá cualquier acción que tienda
a la desaparición de España como tal y que no se van a
permitir, tampoco, las actuaciones de quienes favorezcan o
proclamen actos de independencia, los agravios, la quema de
imágenes de S. M. El Rey y la no exposición de la bandera de
nuestra nación en todos los lugares donde está ordenado que
la misma sea expuesta.
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OPINIÓN / PERSONAL Y TRANSFERIBLE
