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Las cámaras de gestión y control del tráfico, instaladas por
toda Ceuta, siguen creando grandes polémicas. La portavoz
del Ejecutivo ceutí, Yolanda Bel, ha asegurado que “la
Ciudad no convocará a la Comisión de Videovigilancia,
mientras no lo ordenen los jueces o lo aconseje nuestra
asesoría jurídica”. Estas declaraciones de producen después
de que el delegado del Gobierno, Jenaro García-Arreciado,
considerase que “la legislación no es susceptible de
interpretación alternativa en este caso”, apelando a que “la
Comisión de Videovigilancia debe establecer los límites de
utilización de las cámaras”.
La Ciudad tiene clara su postura. “Si los servicios técnicos
y jurídicos nos dicen que la Comisión no es necesaria, para
nosotros no lo es, pero si nos transmiten que es de obligado
cumplimiento, lo acataremos”, aseveró Bel.
La portavoz del Ejecutivo ceutí aclaró, una vez más, cuál es
la finalidad de las cámaras e hizo referencia a la sentencia
firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la
que se establece como único órgano competente para la
autorización de estos dispositivos a la Ciudad y, más
concretamente, a la Consejería de Gobernación.
De este modo, Bel se mostró rotunda, “el que no sea ni el
juez ni la asesoría jurídica puede divagar sobre el tema y
decir que las funciones son otras pero nosotros,
ajustándonos a la sentencia y a los informes, vamos a
ponerlas en marcha inminentemente”.
Por el momento, los dispositivos están siendo revisados y
empezarán a funcionar cuando finalice el proceso.
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