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La sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de la
semana pasada contra el ex delegado del Gobierno en Ceuta
Luis Vicente Moro por sus actuaciones delictivas contra el
magistrado Fernando Tesón “abre la esperanza”, a juicio de
la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), de
que el político asturiano vuelva a pasar por el banquillo de
los acusados para responder por su presunta participación en
la expulsión ilegal de menores marroquíes al país vecino
durante su etapa en la Plaza de los Reyes, asunto por el que
la asociación humanitaria le mantiene en los Tribunales
desde hace 9 años.
A través de una nota de prensa el ex presidente de la APDHA,
Rafael Lara, que sigue siendo miembro de la Junta Directiva
de la entidad, argumentó que la mencionada sentencia contra
Moro, que será recurrida ante el Supremo, “reconoce las
presiones e incluso actuaciones delictivas que se han
producido en este caso por parte de determinadas personas
para evitar el esclarecimiento de la verdad y la vulneración
de derechos y la ilegalidad de las actuaciones llevadas en
1998 contra los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA)”.
“El Juzgado de Instrucción de Ceuta y la Fiscalía”, denunció
Lara, “han tratado por todos los medios el archivo de la
causa seguida contra el ex delegado y han boicoteado la
investigación y entorpecido el esclarecimiento de unos
hechos que podemos calificar de vergonzosos y ajenos
totalmente al Estado de Derecho y a la independencia del
poder judicial frente al político”. Para Lara “es una
vergüenza” que las supuestas expulsiones ilegales de menores
marroquíes, un caso abierto hace nueve años “sobre el que
incluso ha tenido que pronunciarse la UNESCO”, pueda ser
“escamoteado” por las autoridades.
Aunque la Fiscalía considera que no existe delito en dichas
expulsiones, cuya existencia reconoce, la APDHA, personada
en el caso como acusación particular, acusa a Moro y el por
aquel entonces consejero ceutí de Gobernación, Antonio
Francia, de sendos de prevaricaron continuada y detención
ilegal. Por ellos solicita 10 años de inhabilitación
especial para empleo o cargo público y 6 años de cárcel y 12
de inhabilitación absoluta respectivamente. Según fuentes
judiciales el caso llegará a la Audiencia antes de final de
año.
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Moro, Tesón y las Diligencias Previas 1754/98
El hecho probado número 1 de la
sentencia dictada el pasado 14 de septiembre contra Moro por
la Audiencia Provincial de Cádiz sustenta la “esperanza” de
la APDHA de que el caso de las expulsiones de los menores
(D. P. 1754/98) sea visto en sede judicial próximamente. En
el texto, se cita la “reapertura” del procedimiento por la
repatriación de menores sin expediente administrativo alguno
por parte de un Tribunal del que formaba parte Tesón como
uno de los hechos que llevan al ex delegado a actuar contra
Tesón. “Personalizó”, reza la sentencia, “en Fernando Tesón
la responsabilidad por dicha decisión y [...] contrariado
por tal resolución decidió dañar la trayectoria profesional
del señor Tesón esperando el momento más propicio para
ello”.
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