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Algo más de un año y medio después
de que se iniciara la instalación -por la ciudad- de las
famosas videocámaras, podemos decir que ya hay visto bueno
absoluto [desde sede judicial] para la utilización de éstas
conforme estaba previsto. Es decir, para el control del
tráfico rodado en la ciudad y para la vigilancia de los
montes con el objeto de prevenir incendios.
Unas cincuenta cámaras controlarán tanto el tráfico como los
montes y servirán de inestimable ayuda tanto a la Policía
Local como a los bomberos a la hora de actuar con rapidez en
el punto concreto donde se demanden sus servicios como
consecuencia de las incidencias que se detecten.
Después de año y medio de demora, por la causa judicial
abierta por el PSOE, en cuestión de dos semanas -máximo-
podrán activarse el operativo necesario, inicialmente
previsto, para funcionar con el mismo grado de calidad y
operatividad con el que se cuenta en grandes ciudades como
Madrid, Sevilla o Valencia, entre otras.
El Juez del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
otorgó la razón a la Ciudad Autónoma en el litigio
presentado por el PSOE que, por cierto, deberá abonar las
costas procesales.
Parece, cuanto menos incongruente, que se denuncie la
instalación de videocámaras en la ciudad, cuyas grabaciones
sólo pueden ser solicitadas por la Policía o por la Justicia
[no son el Gran Hermano] y están destinadas al control de la
masa de tráfico en determinadas zonas de la ciudad, en horas
punta, y se instale en la misma sede del partido político
una videocámara [esta vez sí de vigilancia] para comprobar
quién llega, quien abre la sede...
En cualquier caso, la Justicia ha puesto las cosas en su
sitio y en unas dos semanas las cámaras estarán funcionando,
operativas, y al servicio de la Policía Local y bomberos
para facilitar sus respectivos trabajos. Algo que ya debería
haber estado funcionando desde hace tiempo.
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OPINIÓN / EDITORIAL
