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Finalmente la Ciudad Autónoma de
Ceuta ha aceptado la propuesta de convenio que, desde la
Administración General del Estado, pretende establecer lazos
de colaboración entre los distintos ministerios a los que
competen los acuerdos y la Ciudad Autónoma.
Servicios Sociales y políticas activas de empleo, de un
lado, Asistencia Social de otro y Menores Extranjeros no
acompañados (MENA) de otro. Después que se ha alargado en el
tiempo de un modo importante, los representantes de la
Administración central han girado suficientemente la tuerca
como para no ceder casi nada en las negociaciones con la
administración local.
Una capacidad negociadora poco antes conocida y que ha
conseguido que la Ciudad se conforme, de momento por su
‘lealtad con el Estado’, con los diferentes textos aportados
a los convenios.
Es cierto que la financiación que éstos producen no andan
mal, pero el dinero no debe obnubilar y menos decantar
finalmente un acuerdo en el que pocas garantías de
participación directa se han logrado. ¿Que es un comienzo?,
sí. Quizá un pequeño paso, pero sólo pequeño. Es evidente
que las restricciones en determinados aspectos de los
acuerdos, sobre todo en lo que respecta a los nombramientos
de los directores de estas áreas, son evidentes y no
corresponden con los planteamientos iniciales. Son las cosas
de un gobierno de la nación que actúa con el sí pero no con
Ceuta mostrando apego y desapego con la ciudad autónoma en
función del color político que maneja la Ciudad Autónoma. No
ocurre así con otras regiones. No todas pueden tener la
suerte de acordar bilateralmente los Presupuestos Generales
del Estado como ha sucedido en los casos de Cataluña y
Andalucía -ya denunciado por las restantes comunidades-. Los
votos de los nacionalistas catalanes en el Congreso y la
siempre notable voz del presidente del PSOE, a la sazón de
los andaluces, tienen mucho peso en esta España cada día más
desgranada .
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OPINIÓN / EDITORIAL
