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La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentó
ayer un escrito ante el Defensor del Pueblo Español
instándole a que solicite al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero
que adopte “las medidas necesarias para resolver la
situación jurídica y humanitaria” de los más de 30
inmigrantes oriundos de Bangladesh que permanecen desde
mediados de agosto en los montes que rodean el Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) tras recibir la
visita de representantes diplomáticos de su país con la
intención de identificarles antes de proceder a su
repatriación.
“Después de dos años y numerosas solicitudes este colectivo
sigue en un limbo jurídico y en penosas condiciones
humanitarias”, denunció ayer CEAR a través de un comunicado
de prensa en el que la institución humanitaria recuerda que
“los 38 bengalíes huyeron el pasado mes de agosto
[concretamente, el sábado día 18] del Centro de Estancia
Temporal de Ceuta, en el que algunos llevaban ya dos años,
porque iban a ser entrevistados por representantes
diplomáticos de su país a pesar de que muchos de ellos
habían previamente solicitado asilo”.
“Estas personas”, prosigue la nota de CEAR, “temen volver a
Bangladesh después de haber denunciado persecución y por la
actual situación de violencia tras las últimas protestas
estudiantiles y las gravísimas inundaciones que han causado
el desplazamiento de medio millón de personas, pero han
visto denegadas sus solicitudes de asilo”.
La Comisión relata también que a pesar de que cuentan con
orden de expulsión “ésta no se ha cumplido”, por lo que se
encuentran en una situación “de irregularidad
administrativa” que no les permite “ni acceder a un puesto
de trabajo ni a las condiciones mínimas para una vida
digna”.
Sin ayuda oficial
“Después de que el 31 de julio solicitaran ayuda ante la
Delegación del Gobierno en Ceuta y ante el Ministerio del
Interior sin recibir respuesta”, recapitula CEAR, “los
bengalíes se encuentran escondidos en los alrededores de
Ceuta en penosas condiciones humanitarias y con un gran
deterioro físico y psíquico”.
Además, CEAR hace constar en su escrito a Enrique Múgica que
“acontecimientos similares a los de Ceuta están ocurriendo
también en Melilla, donde personas de la India y Bangladesh
están a la espera de la resolución de su situación después
de dos años de estancia en el CETI de esta ciudad”.
“Estos hechos”, concluye el comunicado, “son una muestra de
las condiciones en las que se encuentran miles de
inmigrantes en nuestro país, que no pueden ser expulsados y
sin que sin embargo se les permita regularizar su situación
administrativa para poder acceder a condiciones dignas de
vida”. CEAR ha reiterado en diversas ocasiones que los CETIs
tienen carácter legal de centros de acogida a refugiados, y
que por tanto en ellos se debe garantizar la
confidencialidad y la protección de la identidad de sus
usuarios, así como su protección frente a posibles
represalias de las autoridades de su país de origen.
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inmigración / tres semanas fuera
del CETI
