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PORTADA DE HOY
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ACTUALIDAD - MIÉRCOLES, 12
DE SEPTIEMBRE DE 2007 |
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miembro de la Policía portuaria. archivo |
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puertos / NUEVO
RÉGIMEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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El proyecto de la nueva Ley de Puertos
restringe el ámbito de actuación de la
Policía Portuaria |
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Ayer
terminó el plazo ampliado de presentación de
enmiendas en el Senado al boceto de modificación de
la famosa 48/2003
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CEUTA
Gonzalo Testa
gonzalotesta@elpueblodeceuta.com |
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Nunca más oportunamente, una semana después del incidente
entre la Policía Local y la Portuaria por su ámbito de
competencias en el dominio portuario de la ciudad autónoma,
ayer concluyó en el Senado el plazo de presentación de
enmiendas al proyecto de Ley de modificación de la Ley
48/2003 de régimen económico y de prestación de servicios en
los puertos de interés general.
Con este proyecto, elaborado por el Gobierno y cuya
aprobación corresponde a la Comisión de Fomento y Vivienda,
la Administración General del Estado pretende no sólo
concretar las “líneas fundamentales” del modelo organizativo
del sistema portuario de titularidad del Estado, sino
también garantizar su “coherencia” con “las condiciones del
entorno”.
“Recorte del ámbito real”, según SPPP
Entre las novedades que aportará el nuevo marco legislativo
que se debatirá en las Cortes Generales también se incluyen
novedades en relación con el ámbito de actuación de la
Policía Portuaria. Así, mientras que la actual Ley de
Puertos se limita a reconocer la consideración de
guardamuelles como “agentes de la autoridad de la
Administración Portuaria” y establece que sus funciones
serán ejercidas según determine “el Reglamento de
Explotación y Policía [que nunca se ha llegado a aprobar]”
el nuevo texto para la reforma de dicha ley establece que
las funciones de la Policía Portuaria “deberán ser
realizadas en las zonas comunes de acceso restringido, en la
zona de aguas del puerto y en las estaciones marítimas y sus
áreas de estacionamiento”.
Por tal espacio el proyecto de Ley elaborado por el Gobierno
socialista especifica que se entiende la “zona común de
acceso restringido” que comprende “la parte de la zona de
servicio del puerto no otorgada en concesión o autorización
en la que, por decisión del órgano competente de la
Autoridad Portuaria, sea exigida una autorización específica
de acceso”.
Cuando el Consejo de Ministros remitió al Parlamento su
proyecto de Ley, hace 18 meses, el Sindicato Profesional de
Policía Portuaria (SPPP), con presencia en los puertos de
Algeciras, Barcelona, Cádiz, Tarragona y Valencia, remitió
decenas de cartas a los diputados para hacerles ver su
disconformidad con el “recorte” del “ámbito real” en el que
los agentes portuarios pueden llevar a cabo su labor.
El PP y los partidos catalanes, con reservas, han pedido la
devolución de este proyecto de ley.
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Gil: “Han de primar los intereses de los agentes”
El secretario general de la
organización sindical UGT, Antonio Gil, ha reflexionado
sobre las conclusiones extraídas de la reunión mantenida el
pasado lunes por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y
el presidente de la Autoridad Portuaria, José Torrado, y
consideró que “es indispensable que no existan roces entre
los agentes de la Policía Local y los celadores de la
Portuaria”.
Según Gil, la ley establece perfectamente las competencias y
funciones de cada cuerpo, pero “es necesario tener en cuenta
las peculiaridades urbanísticas de Ceuta, por lo que la
delimitación de espacios es fundamental”.
Así, apelando a la responsabilidad de los superiores de
ambos colectivos, pidió que se negocie en “pro de los
trabajadores, que son quienes sufren realmente las
consecuencias de estos actos”.
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