Un hecho “irresponsable, falto de sentido común, puntual y
lamentable”, así calificó el presidente de la Ciudad, Juan
Jesús Vivas Lara, el incidente acontecido el pasado
miércoles entre agentes de la Unidad de Intervención Rápida
(UIR) de la Policía Local y de la Policía Portuaria.
La principal conclusión extraída de la reunión celebrada
ayer, entre el Ejecutivo autonómico y la Autoridad
Portuaria, que contó con la asistencia de asesores jurídicos
de ambas instituciones, es la intención de “intensificar
flujos de comunicación, en cuanto a acciones que la Policía
Local lleve a cabo en dominio público portuario”,
descartando la firma de protocolos de actuación, ya que las
competencias de cada cuerpo están establecidas mediante
regulación legal.
De esta manera, Vivas expuso que “no es necesario incorporar
ningún nuevo instrumento jurídico formal, en modo de acuerdo
o protocolo, sino de ser respetuosos con la ley y poner en
la acción cotidiana mucha responsabilidad, sentido común,
coherencia y cooperación”.
Estos mecanismos de cooperación y colaboración se basarán en
cauces comunicativos, nada de procedimientos que establezcan
aún más las competencias de agentes locales y portuarios.
De acuerdo con las declaraciones vertidas en rueda de prensa
tras el encuentro entre ambas instituciones, la Ley Orgánica
2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otros textos
jurídicos, determina las competencias en materia de
seguridad, cumplimiento de ordenanzas municipales y de
tráfico.
Por su parte, también existen reglamentos formales que
establecen la jurisdicción del servicio de guardamuelles o
Policía Portuaria.
Así, según expusieron los portavoces de la reunión y de
acuerdo con la ley, “los agentes locales han actuado, actúan
y seguirán actuando en los ámbitos susceptibles de ser
calificados como espacios públicos del dominio portuario en
el ejercicio de sus competencias, como lo hace en otros
ámbitos que no pertenecen estrictamente a la Ciudad sino al
Estado”.
Los términos en los que se desarrolló la reunión se
circunscribieron al cumplimiento de la ley los derechos
fundamentales de los ciudadanos, de sus necesidades y
demandas. En este sentido, los intereses de los vecinos de
la barriada de la Junta de Obras del Puerto (JOP).
Tal y como indicó el presidente de la Ciudad, “si la Policía
Local no cumpliera con las funciones atribuidas en esta
barriada sus residentes se verían privados de un servicio
fundamental, de manera discriminada en comparación con otros
vecinos de Ceuta y eso no lo puede consentir la Ciudad”.
Sin embargo, al igual que los agentes de la Policía Local
tiene, en materia de seguridad, competencias compartidas con
la Policía Nacional y Guardia Civil. “En cuestiones de
tráfico y, tratándose de una vía de dominio portuario, como
es la avenida Cañonero Dato, los agentes locales comparten
su ámbito de actuación con los guardamuelles”.
Según el informe evacuado al respecto por la Jefatura de
Policía, los hechos se inscriben dentro de una actuación del
cuerpo de seguridad local en materia de seguridad. Por lo
que ambas entidades lamentan profundamente los hechos y, en
palabras de Vivas, “se garantiza que no se volverán a
repetir”.
Asimismo, el presidente de la Ciudad, junto al presidente de
la Autoridad Portuaria, José Torrado, pidió que “no se
interpreten como una confrontación o colisión entre la
Ciudad y la Autoridad Portuaria, así como entre los cuerpos
de la Policía Local y la Portuaria”, ya que hicieron
especial hincapié en que se trató de un “hecho puntual y
aislado”, y no de un sentir generalizado de ambos cuerpos.
Diligencias judiciales
Ambos representantes no quisieron reparar en los pormenores
del asunto al encontrarse en diligencias judiciales.
Sin embargo si que dijeron encontrarse en condiciones de
garantizar que no se volverán a producir hechos de esta
naturaleza. “Es nuestro objetivo y, apelando a la obligación
prioritaria principal de defender el interés general y
atender todas las demandas ciudadanas, pondremos todo
nuestro empeño en evitarlo”.
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