Paradójicamente, aunque durante los últimos ejercicios la
recaudación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios
y la Importación (IPSI) vinculado a este último punto ha
venido aumentando, durante los primeros siete meses del año
la desviación de lo recaudado con respecto a la previsión
que, de acuerdo a la Ley 53/2002, efectúan la Administración
autonómica y estatal a principios de año, llega ya a un 42%
negativo.
Si entre enero y julio se preveían recaudar alrededor de 50
millones de euros en concepto de IPSI Importación (a razón
de 5,1 millones al mes) y de IPSI Gravamen Complementario
sobre las labores del Tabaco (2,02 millones al mes), en
realidad lo ingresado por las arcas de la Ciudad han sido
sólo 28,5 millones. Con esa base, la Consejería de Hacienda
prevé que hasta final de año, cuando los ingresos totales
deberían sumar 85,8 millones, se recaudarán sólo 48,9
millones.
Esos 36,9 millones de euros son los que la Ciudad pretende
tener por anticipado para mantener su liquidez y poder
afrontar sus gastos previstos en los Presupuestos
concertando varias operaciones crediticias que hoy serán
sometidas al veredicto de la Comisión Informativa de
Hacienda.
Esta misma operación se ha realizado, pese a las agrias
críticas de la oposición, durante los últimos años: el año
pasado se concertaron operaciones de Tesorería con entidades
bancarias por valor de 25,5 millones de euros. En 2005 se
hizo lo propio por un montante de 24 millones de euros.
Cada año, más desviación
¿Cuál es la razón para que, año tras año, aumente la
desviación negativa entre las previsiones efectuadas y la
recaudación efectiva? Según las fuentes consultadas ayer por
este periódico, la base de cálculo establecida en la Ley
53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, por la que el Estado garantiza la evolución de la
recaudación por el IPSI en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
En dicha ley se establece que “con el fin de mantener la
suficiencia financiera de las Ciudades de Ceuta y Melilla”,
se garantiza una recaudación líquida del IPSI
correspondiente a las importaciones y al gravamen
complementario sobre las Labores del Tabaco del ejercicio
“equivalente a la recaudación líquida del ejercicio 2001 por
dichos conceptos incrementada en la variación del PIB
nominal, al coste de los factores, habida en el período”.
Esa fórmula parte de sus preceptos ‘fuera’ de la realidad,
según explicaron ayer fuentes de la Consejería: primero, que
la recaudación de 2001 fue “especialmente” elevada; segundo,
que la variación del PIB nominal “suele ser más alta incluso
que la inflación anual”, lo que va elevando con el paso de
los años la previsión a cotas difícilmente igualables sobre
el papel.
Este hecho favorece la solvencia presupuestaria de la Ciudad
Autónoma, pero fuentes con experiencia en el sector político
y económico local pusieron ayer en tela de juicio que este
derecho, que normalmente se concreta seis meses después de
la finalización del año natural correspondiente, se mantenga
sine die.
“Este derecho fue reconocido en un momento puntual en el que
nos enfrentábamos en Ceuta a una situación extraordinaria,
con la frontera marroquí cerrada, el comercio
transfronterizo prácticamente inexistente y nuestros
arbitrios recurridos en Bruselas”, recuerda un fuente de
toda solvencia, “pero es de prever que antes o después el
Estado tome medidas al respecto”.
Mientras eso ocurre, el Ejecutivo que preside Juan Vivas,
que cuenta con esos ingresos consolidados en su presupuesto
anual, llevará al próximo Pleno una propuesta para concertar
varias operaciones crediticias con entidades bancarias aún
no desveladas bajo la modalidad de pólizas de crédito con
vencimiento el 31 de diciembre de 2008 y tipo de interés
referenciado a Euríbor trimestral.
En los informes técnicos sobre la intención de Hacienda se
detalla que “teniendo en cuenta que existen operaciones de
crédito a corto plazo en vigor por importe de 13,2 millones
de euros garantizados por la compensación estatal del IPSI
correspondiente al 2006”, con esos 36,9 millones adicionales
el importe acumulado de “las operaciones vivas de esta
naturaleza” ascendería a 50,1 millones, 4,5 por debajo del
límite del 30% de los ingresos anuales de la Ciudad
establecido en el Estatuto.
Mohamed Ali (UDCE-IU), advirtió ayer de que “la política de
recurrir constantemente a operaciones crediticias para ir
solventando los problemas de liquidez que genera la nefasta
política económica del Gobierno de la Ciudad presidido por
Juan Vivas acabará pasando factura a la Administración
ceutí”.
|