El Gobierno de la ciudad no tiene la intención ni de
reunirse ni de negociar nada “bajo presiones sindicales” con
la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, que la
semana pasada hizo partícipes primero a todos los
funcionarios y después a la opinión pública de una carta
remitida el pasado 16 de agosto al presidente Vivas en la
que le advertía de que si no se llegaba antes del 15 de
septiembre a un acuerdo para abonar diferentes atrasos a los
empleados públicos estudiaría convocar movilizaciones,
llegando incluso a una huelga general.
Después de que fuentes del Ejecutivo y de CCOO vinculasen la
semana pasada en declaraciones a este periódico la carta de
FSP-UGT con las próximas elecciones sindicales ayer, en la
primera valoración pública y oficial del asunto, Yolanda Bel
se mostró “sorprendida” por el “procedimiento” seguido por
la central sindical para dar a conocer sus reivindicaciones
y calificó de “desproporcionada” la amenaza de huelga.
“El Gobierno va a actuar con el debido respeto a la ley, a
los trabajadores y a los intereses generales, pero no nos
vamos a dejar llevar por presiones sindicales”, advirtió la
consejera, quien aseguró que todas las peticiones de los
ugetistas están “en trámites de solucionarse”.
Los tres estados
“Hay algunos puntos de su decálogo a expensas de
consignaciones presupuestarias; otros pendientes de los
correspondientes informes jurídicos y otros prácticamente
resueltos”, repasó Bel, quien insistió en que su discurrir
será “independiente” de los envidos sindicales.
Bel también se refirió a la presunta precariedad de las
arcas municipales a cuenta de las acusaciones de UGT de su
falta de liquidez [en realidad en su comunicado el sindicato
lo que decía era que había recibido esos argumentos como
excusas para justificar el retraso en los abonos que
solicita] y avanzó que el consejero de Economía, Guillermo
Martínez, ofrecerá durante los próximos días una rueda de
prensa para trazar un retrato exacto del estado de las
mismas.
Sobre el expediente disciplinario abierto al jefe de Nónimas,
Francisco Martínez Racero, Bel señaló que los informes al
respecto están “avanzados” pero que “no es un asunto menor
y, por lo tanto, no habrá ninguna valoración o resolución
precipitada”.
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