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El Gobierno que preside Juan Vivas
insistirá en su voluntad de mejorar el régimen de
autogobierno local aunque no consiga, tal como pretende,
elevar el rango institucional de Ceuta al de Comunidad
Autónoma. Este ‘detalle’, al que el líder del PP se ha
referido como el aspecto “más llamativo” del proceso de
reforma, pero no el único, ha ocupado decenas de
informaciones durante los últimos tres años en los medios de
comunicación local. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha
decidido poner la reforma estatutaria en claro y dejar bien
claro que con la redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía
no se pretende sólo un cambio de nomenclatura oficial, sino
garantizar el encaje de Ceuta en las estructura del Estado
y, sobre todo, mejorar los servicios y la atención al
ciudadano.
La Ciudad acierta al reconocer que ser Comunidad Autónoma es
un objetivo “muy relevante” en términos políticos para
acabar con esa disfunción histórica que arrastra Ceuta y ser
“iguales al resto de las autonomías”, pero sobre todo es
plausible su pragmatismo: si, por ‘razones de Estado’ o
cualesquiera otras no es posible en este momento el cambio
del estatus jurídico, este obstáculo no debe impedir que se
acometa el proceso de reforma en las partes del Estatuto que
sea “posible y conveniente modificar”.
Por encima de todas ellas responde el deseo del Gobierno del
PP de que en el Estatuto se reconozcan determinadas medidas
e instrumentos de índole fiscal y económico, entre otros,
para hacer frente a los efectos que el hecho fronterizo
tiene sobre la ciudad y sus posibilidades de desarrollo
económico.
Es más importante que la Administración General del Estado
nos trate efectivamente a Ceuta como al resto del país y se
preocupe porque la ciudad pueda vencer las dificultades que
le reporta su idiosincrasia, sus condicionantes geopolíticos
y demás particularidades. Por eso es fundamental que el del
Estatuto, más que un gran envite político, sea la
construcción de una herramienta de verdadera utilidad.
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OPINIÓN / EDITORIAL
