La amenaza de convocatoria de una huelga general en la
Administración autonómica si antes del próximo 15 de
septiembre el Gobierno que preside Juan Vivas no acepta
“negociar, acordar y firmar un documento que de solución” al
decálogo de incumplimientos en materia retributiva que, a
juicio de la Federación de Servicios Públicos de UGT,
mantiene con el funcionariado local, ha sido interpretada
por la Ciudad Autónoma y por el sindicato Comisiones Obreras
como una “maniobra” de cara a las elecciones sindicales que
se celebrarán el próximo 22 de noviembre en la
Administración ceutí.
Desde Ejecutivo ceutí, que remitió a una valoración más
profunda de las denuncias de FSP-UGT que se realizará
durante los próximos días, se recordó eso sí que parte de
las reivindicaciones expuestas por la central sindical
mayoritaria en el sector público local “ya están cumplidas”
y citaron expresamente el caso de los atrasos por Residencia
que se adeudan desde enero y que “ya están incluidos el
próxima nómina que se cobrará”.
“Muchas de estas peticiones están conseguidas o en vías de
solución”, valoraron fuentes cercanas a CCOO, quienes
lamentaron que se intente “patrimonializar” la lucha por
esas reivindicaciones “a través de una amenaza de huelga
general que seguramente servirá de muy poco en la realidad”.
“El Gobierno”, quisieron dejar claro fuentes oficiales,
“está mostrando su disposición a dialogar con los sindicatos
y a llegar de común acuerdo a la mejor solución posible para
todos los implicados y en esa misma línea de actuación
pensamos seguir”.
En esa línea, desde la Ciudad recordaron que el abono la
diferencia de nivel del 16 al 18 para el colectivo de
policías y bomberos “aún debe perfilarse definitivamente” y
subrayaron que existen determinados “conflictos legales”
para el abono de otras cantidades como el 33% del
complemento específico en la paga extra de diciembre “que en
ningún caso puede superar el 1% de la masa salarial, como
establece la legislación”.
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