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La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha
denunciado a través de un comunicado de prensa de su
dirección nacional la “cacería” que a su juicio está
desarrollando el Ministerio de Defensa contra la Asociación
Unificada de Militares Españoles (AUME) y muy especialmente
contra su presidente, Jorge Bravo.
“Desde la concentración que reunió a miles de guardias
civiles convocada por AUGC y llevada a cabo el día 20 de
enero de este año en Madrid”, recuerda en su texto la
asociación, a cuya federación local se encuentran afiliados
la inmensa mayoría de los guardias destinados en Ceuta, “no
han cesado en ningún momento las actuaciones represivas del
Gobierno contra el movimiento asociativo en la Guardia Civil
y en las Fuerzas Armadas”.
La AUGC destaca también que “por la concentración en la
capital fueron expedientados por falta muy grave y apartados
del servicio por 3 meses un total de 21 dirigentes de AUGC
[toda su Directiva Nacional y 13 portavoces provinciales]”.
“En la actualidad”, prosigue el comunicado, “continúan los
expedientes disciplinarios desoyendo las voces de la
práctica totalidad de la clase trabajadora de este país y de
entidades europeas. Lejos de paralizarse, siguen su curso y
en 10 de ellos ya se ha elevado al director general de la
Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, propuesta de
sanción que sólo podemos calificar como durísimas e
inaceptables y cuyas consecuencias, de materializarse, son
impredecibles”, concluye.
En relación con el presidente de la AUME [hasta ahora con
escasa representatividad en la ciudad autónoma], la AUGC
critica que “el Ministerio de Defensa ha desplegado una
aberrante actuación abusiva contraria a la ley y a los
Derechos Humanos contra los integrantes de dicha
organización”. Tras el acto del 20 de enero, Jorge Bravo fue
privado de libertad durante un mes, según la AUGC “al ser
activado un expediente disciplinario que estaba a punto de
ser archivado y ahora se pretende privarle de libertad por
dos meses como castigo por su participación en un acto al
que no fue como militar en activo ni como miembro del
Ejército, sino como presidente de AUME, una entidad
absolutamente legal”.
“Esclavos sociales”
“Defensa persigue estrangular el derecho de asociación que
la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, también a
los militares, incumpliendo un mandato legislativo de la Ley
de Defensa Nacional y sus propios compromisos electorales”,
lamenta el comunicado, que recuerda que “muchos de los
países de la OTAN y de la Unión Europea” reconocen el
derecho de asociación profesional para los militares “con
absoluta normalidad”.
Por ello, la AUGC se pregunta “¿por qué en España no sucede
esto?”, interrogante para el que encuentra la siguiente
respuesta: “Porque la cúpula militar de las Fuerzas Armadas
de esta forma puede seguir manejando a su antojo, como
auténticos “esclavos sociales, a unos indefensos
subordinados”.
“Exigimos al Gobierno”, reclaman los guardias, “que cese en
sus ataques contra AUME y contra la AUGC pues estas viejas
fórmulas represivas no van a solucionar absolutamente nada,
son parte integrante del problema y son contrarias a la ley.
Los militares, también los guardias civiles, tienen derechos
que no pueden ser coartados por la vía de la represión pura
y dura y la utilización torticera del régimen
disciplinario”.
La nota de la AUGC concluye enviando un público y “afectuoso
saludo” a Jorge Bravo y “a todos los afiliados y afiliadas a
la AUME”.
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