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Mercedes Contreras, portavoz de la Asociación de
Consumidores de Ceuta, quisto unirse a este malestar general
existente en gran parte de los consumidores españoles, que
observan cómo ante determinadas denuncias a empresas, a la
hora de adquirir bienes o servicios, “la Ley no llega a
ampararnos del todo” denunció.
A tenor de esta situación, la presidente de la asociación
ceutí, quiso argumentar su denuncia explicando que la actual
Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, “ya
se ha quedado obsoleta en el tiempo y es que al encontrarnos
inmerso en un mercado globalizado, cada día van surgiendo
nuevas denuncias por parte de los consumidores que plantean
y hacen reflexionar sobre la necesidad de llevar a cabo
reformas en esta Ley del Consumidor” explicó.
Contreras entiende que cada vez las empresas tienen
políticas de ofertas “más agresivas” para competir en el
mercado y que esto produce en muchos casos, el “engaño” a
los consumidores.
Las asociaciones de consumidores estatales entienden que fue
muy positiva la Ley de 1981 y las modificaciones añadidas en
2005, pero denuncian sobre todo que sigue existiendo
indefensión en algunos parámetros.
“Pese a ser una Ley de 2005 sigue sin cubrir derechos
básicos para los consumidores”, apostilló Contreras.
“No soy jurista, pero como ciudadana y consumidora entiendo
que esa Ley debería proteger mucho más en el tema de los
precios. Hay un libre mercado en el que los precios no se
marcan por lo que las empresas juegan con la manga ancha que
les ofrece la Ley y en muchos casos suben de manera
injustificada los precios de alimentos y de objetos de
primera necesidad”, añadió.
“El euro ha traído a España además de la subida de los
precios, el llamado ‘redondeo”, denunció Mercedes Contreras
y parece que a los consumidores sólo les queda resignarse”.
Los consumidores reclaman
Las asociaciones de consumidores, y en concreto, desde la
Asociación de Ceuta, se pide al Gobierno Estatal unas
actuaciones menos lentos, en cuanto a la formulación y
resolución de denuncias, lo que fomentaría que más
consumidores utilizaran su derecho a la queja.
En un segundo orden, pese a contar con la Junta Arbitral de
Consumo, Contreras habla de que “se trata de una institución
cuya inscripción es voluntaria, por lo que algunas empresas
prefieren no adherirse al arbitraje, de ahí que si la Ley
requiriera la pertenencia de forma obligatoria, los
consumidores tendrían más seguridad en todos los aspectos”,
explicó. “La Ley no es completa y debería volverse a
estudiarse y ampliarse”, concluyó.
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consumo / necesidad de una mayor
protección
