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Los que, dentro y fuera del
territorio de las dos ciudades autónomas, acusan a sus
responsables institucionales de vivir en la reclamación
permanente a la Administración General del Estado de más
fondos para sus arcas tienen desde ayer un motivo menos para
esgrimir tales argumentos. Lo han dejado claro la consejera
de Bienestar Social melillense, María Antonia Garbín, y el
jefe del Área de Menores de Ceuta, Juan Hernández: ninguna
de las dos ciudades es partidaria de enviar a centros
peninsulares a los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA)
que acojen actualmente en los suyos, con más precariedad en
los melillenses que en los locales.
Ambos políticos han dado, además, buena cuenta de las
razones que les asisten para no plantearse siquiera hacer
una petición en ese sentido a las demás comunidades
autónomas del Estado, que tampoco dieron precisamente un
ejemplo de solidaridad con Canarias cuando tuvieron la
ocasión salvo honrosas excepciones como la propia Ceuta, que
alberga desde hace meses a cuatro jóvenes subsaharianos de
los desembarcados en el archipiélago. En primer lugar,
porque Ceuta y Melilla reclaman una solución “definitiva”
para la problemática de la acogida indefinida a los cientos
de jóvenes magrebíes que llegan a ambas ciudades. Dicha
solución sólo puede ser aportada por el Gobierno y pasa
porque éste exija a Marruecos que, de una u otra manera,
acepte la realidad de la soberanía española sobre ambas
ciudades y no se escude en cuestiones nimias como que en
ninguna de las dos hay consulados del Reino alauita para
evitar tratar con el mismo rasero a las dos ciudades y al
resto de España.
De nada serviría un ‘puente aéreo’ hacia la península de
MENA. Si acaso, en esa situación y con la ‘Operación
Retorno’ de la OPE apenas iniciada, el gesto podría
interpretarse al otro lado de la frontera como una cesión y
generar un ‘efecto llamada’ fomentado por las mafias que se
dedican a utilizar a los menores para lucrarse. El objetivo
es una solución definitiva que pasa por la devolución con
todas las garantías humanitarias de los menores y la pelota
está en el tejado del Gobierno central.
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OPINIÓN / EDITORIAL
