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La oficina del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ya ha
iniciado “las actuaciones oportunas” ante el Ministerio de
Defensa para que este responda a los recursos de alzada que
varios militares de confesión musulmana ceutíes presentaron
el año pasado después de ver cómo sus compromisos de
permanencia en las Fuerzas Armadas no eran renovados bajo la
única excusa de que sobre ellos existían “informes
reservados” elaborados en el Cuartel General de la
Comandancia General militar de la ciudad autónoma.
Múgica se ha comprometido a gestionar la respuesta oficial
del Gobierno que aclare los motivos por los que no se les
permitió seguir vinculados laboralmente al Ejército por
escrito después de admitir sus quejas en sendas misivas a
dos de estos soldados a las que ha tenido acceso EL PUEBLO.
Allegados y abogados de varios soldados musulmanes a los que
la Comandancia General (COMGE) de Ceuta ha negado la
posibilidad de firmar un compromiso de larga duración con
las Fuerzas Armadas (FAS) durante los últimos meses de 2006
pusieron en conocimiento de la organización no gubernamental
Amnistía Internacional (AI) el pasado mes de enero el
contenido de algunas de esas resoluciones en las que se
justifica la declaración de “no idoneidad” de esos soldados
amparándose en “informes de carácter reservado” ajenos a su
comportamiento en los cuarteles.
Después, cerca de una decena de casos similares, la mayoría
de ellos con alguna relación de amistad o familiar con los
implicados en la ‘Operación Duna’, llegaron a los Juzgados
de Instrucción ceutíes.
Por otro lado, al menos dos de los no renovados (“otros se
han dado por vencidos”, argumenta uno de los afectados)
utilizaron la vía interna para intentar revocar su salida
del Ejército a pesar de contar con Informes Personales de
Calificación (IPEC) con notas que, en el caso de los dos
atentidos por el Defensor del Pueblo, rozan el 8 y el 9.
“Al recibir la notificación del informe desfavorable me
comunicaron que tenía 10 días para alegar algo en mi
defensa, por lo que de acuerdo con mi abogado solicité mi
expediente íntegro”, explica uno de los soldados
‘despedidos’, al que no se permitió conocer el contenido del
folio 9 de dicho expediente, donde debía figurar su informe
reservado.
Dichos informes justificaron que, según rezan algunas de las
notas oficiales a las que ha tenido acceso este periódico, a
pesar de que “el comportamiento general” de alguno de los
militares no renovados en sus respectivas unidades “puede
considerarse como normal” se desaconsejó su permanencia
porque “existen informes de carácter reservado cuyo
contenido ha sido comunicado a este Mando a través del
Cuartel General de la Comandancia”.
“Indefensión”
“Mi asesor jurídico me aseguró que una resolución no se
puede basar en un documento que no figura en mi expediente,
por lo que iniciamos la vía administrativa ante el
Ministerio de Defensa para conocer los motivos exactos de mi
no renovación”, recuerda el otro soldado cuya queja ha sido
admitida por el Defensor del Pueblo.
En su caso, el Gobierno le aseguró que tendría una respuesta
antes del pasado 31 de diciembre pero lo único que recibió,
en febrero, fue la publicación de su cese en destino. El 27
de febrero presentó su correspondiente recurso de alzada
contra esta decisión, al cual no ha recibido respuesta aún,
como su compañero, pese a haberse superado ya ampliamente el
plazo de 3 meses establecido para ello, periodo que según
denuncian “amplían constantemente mediante diferentes
estratagemas”.
Los recursos de alzada por los que el Defensor del Pueblo
pedirá a Defensa que les dé una respuesta son instrumentos
de carácter administrativo “a través de los cuales se busca
que un órgano administrativo, en este caso el Ministerio,
revise un acto dictado por otro órgano dependiente
jerárquicamente de él, buscando que enmiende conforme a
Derecho el acto del órgano inferior”, han explicado los
letrados de los afectados.
La Comandancia General de Ceuta siempre ha eludido referirse
al contenido de estos ‘informes reservados’ que se
multiplicaron tras la intervención policial de la ‘Operación
Duna’ y la presunta vinculación de los detenidos en ella con
soldados de la guarnición ceutí.
La COMGE sí ha reiterado en múltiples ocasiones, sin
embargo, que en los cuarteles de la ciudad no existe ningún
tipo de diferencia de trato entre los soldados por su
confesión religiosa o que se estén utilizando conceptos de
valoración de los militares de carácter más subjetivo como
el de ‘lealtad’ para efectuar una ‘criba’ en las dotaciones
antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Tropa y
Marinería, que creó la figura del reservista de especial
disponibilidad, a la que podrán acogerse los soldados al
finalizar su compromiso de larga duración, a los 45 años,
percibiendo 600 euros mensuales compatibles con otros
salarios excepto el de desempleo.
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castrense / mugica admite las
quejas DE LOS DOS SOLDADOS
